En los últimos años, en todo el mundo, se suceden oleadas de protestas y actos de desobediencia civil para señalar la extrema gravedad de la crisis ecológico-social y climática en la que seguimos adentrándonos. En muchas de ellas, específicamente, se denuncia la inacción de los gobiernos y su complicidad con los intereses de grandes empresas, así como su filosofía extractivista. Sin embargo, la respuesta de bastantes gobiernos ha sido una fuerte represión, aplicando el Código penal y una legislación endurecida contra la protesta ciudadana y con ello perjudicando a sus propias sociedades. Pues al criminalizar la protesta no violenta, una sociedad se daña a sí misma (y por partida doble si es una sociedad democrática): se priva de medios para detectar problemas y conflictos y resolverlos con justicia de forma temprana, antes de que se agraven y enquisten. Tanto más cuando la protesta trata de hacer frente a una verdadera amenaza existencial, como es aquí el caso: afrontamos nada menos que la creciente inhabitabilidad de la Tierra.
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