domingo, 10 de mayo de 2026

LA IZQUIERDA PICA EL ANZUELO DE LA PRIORIDAD NACIONAL

 


        Un texto de Juan Torres López publicado en La Voz del Sur el 8 de Mayo de 2026

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La derecha española no ha tardado mucho en hacerse con uno de los grandes lemas del extremismo mundial, la "prioridad nacional" como criterio de reparto cuando no hay suficiente para todos.

El francés Jean-Marie Le Pen utilizó el mismo término ("préférence nationale") en los años ochenta del siglo pasado. La ultraderecha alemana popularizó el «Deutschland zuerst» (“Alemania primero”), lo mismo que dice Trump en Estados Unidos (“America First”).

La idea siempre es la misma: si los recursos son limitados e insuficientes, alguien debe ir primero a la hora de disfrutarlos.

Al presentarlo así, la derecha no propone sólo una medida, impone un marco: el de la escasez inevitable y la competencia entre iguales. Un terreno de juego en el que siempre lleva las de ganar puesto que deja a un lado el problema de por qué hay escasez para poner en primer plano un aspecto moral o emocional: ¿quién debe estar primero en la final, quién tiene más derecho a acceder a lo que está racionado?

Lo sorprendente no es que la derecha ponga esa trampa, sino que la izquierda caiga en ella, que pique el anzuelo, como está ocurriendo en España.

Desde que Vox comenzó a hablar de prioridad nacional, la respuesta de los dirigentes de los diferentes partidos de izquierdas, e incluso de periodistas progresistas líderes de opinión ha sido mayoritariamente la misma.

El presidente Sánchez dijo en el Parlamento que esa propuesta "no es sino racismo, xenofobia, segregación, confrontación". Prácticamente lo mismo dijo la ministra Mónica García: "Lo que hay detrás de la “prioridad nacional” del PP y VOX no es otra cosa que el mismo racismo, la misma xenofobia y la misma exclusión sanitaria que atenta contra los mismos derechos humanos que desprecian". También la dirigente de Podemos, Ione Belarra ("Es una proclama abiertamente racista"), el lider independentista Gabriel Rufián, o periodistas como Julia Otero (“¿Por qué lo llamamos prioridad nacional cuando en realidad es racismo?”) o Ignacio Escolar ("El racismo de la prioridad nacional").
Otros dirigentes, como Rodríguez Zapatero, han respondido a la propuesta de Vox calificándola como algo "ignominioso" por establecer "preferencia, superioridad, discriminación" y por ser anticonstitucional. En el debate electoral reciente, Montero (PSOE) recriminó al candidato de Vox que con ella "criminaliza a los niños", Maillo (Por Andalucía) reclamó empatía a quienes la defienden y García (Adelante Andalucía) le reprochó que pretenda que "miremos a nuestros vecinos como culpables".

La respuesta generalizada de la izquierda responde un patrón reiterado en las últimas décadas: la derecha plantea un problema material de reparto y responde con argumentos y juicios morales.

De ese modo, la izquierda fracasa necesariamente porque, ante la falta de vivienda, de servicios de salud, de plazas educativas, o de trabajos que permitan vivir dignamente, la gente corriente no piensa con categorías morales o constitucionales, como las que usaba Zapatero.

Vox establece un hecho (no hay recursos) y la izquierda responde con un criterio moral de acceso (sin duda loable).

La persona que carece de recursos no se pregunta si la prioridad nacional es constitucional, si encaja con el derecho europeo, si es o no discriminatoria, éticamente aceptable o moralmente inclusiva.

Se plantea si con ella conseguirá más fácilmente una vivienda, bajará la lista de espera, o tendrá más oportunidades de empleo y más ayudas. Y lo que entonces le dice la izquierda es que, pensado así, el problema es ella, porque es racista.

Al responder como lo está haciendo la izquierda, está aceptando el marco-trampa que le plantea la derecha (hay una lucha por los recursos limitados) y sólo se diferencia en el criterio para repartirlos. La derecha dirá que los españoles primero, y la izquierda que todos merecen disfrutarlos, pero ambas coinciden en lo fundamental, quedando entonces encerradas en un mismo marco mental: “No hay suficiente para todos”.

La derecha le señala un terreno de debate, el del mayor o menor derecho de cada persona, y la izquierda cae en la trampa al no salirse de él. Se defiende y así queda en posición subalterna desde la que es muy difícil convencer.

Las izquierdas lograron defender con éxito los intereses más amplios de los pueblos cuando impedían que se fragmentaran entre sí por razones de sexo, nación, etnia o religión, manteniendo a las élites económicas fuera de foco.

Frente al discurso del "no hay recursos para todos", la izquierda no puede caer en la trampa de responder que todos tienen los mismos derechos a la hora de repartir lo escaso, sino la falta deliberada de financiación de aquello que se necesita.

S no lo hace, como viene ocurriendo, está perdida porque, nos guste o no, la moral universalista moviliza menos que la oferta de protección a quienes, sobre todo entre las clases precarizadas, se encuentran en situación de ansiedad y carencia material.

Cuando una persona no tiene vivienda, empleo digno o cita en el médico y le ofrecen ser la primera a la hora de acceder, es inútil decirle que sea ejemplar y no piense egoístamente ni sea racista.

Cuesta decirlo, pero la izquierda que responde con argumentos morales aun problema material está situando a la extrema derecha en el terreno del sentido común. Deja a Vox el papel de padre o madre de familia que organiza el reparto de lo escaso y se arroga para sí el de controladora legal y moral de la solución que adopte.

El discurso moralizante en el que la izquierda lleva décadas instalada es más fácil y da un aura de superioridad ética indiscutible, pero políticamente es letal y lleva, como he dicho, a una posición secundaria.

A veces, la respuesta moral incluso refuerza el discurso de la extrema derecha. Por ejemplo, cuando se quiere insistir en que los inmigrantes tienen derecho porque "también aportan", "nos proporcionan ingreso", "están empleados en donde los nacionales no queremos trabajar" o "gastan menos que nosotros en servicios públicos". Es el propio discurso "progresista" el que así pone en cuestión su aspiración universalista e igualitaria, al practicar una especie de “contabilidad identitaria” que convierte los derechos en el resultado de un balance entre costes y beneficios, entre lo que se “aporta” y lo que se “cuesta”.

No se debería discutir quién accede antes a lo escaso, sino por qué lo escaso sigue siéndolo en sociedades cada vez más ricas. Algo que no es un fenómeno natural ni inevitable. La escasez de vivienda, de plazas sanitarias o de empleos dignos es el resultado deliberado de décadas de decisiones políticas concretas. De presión fiscal insuficiente sobre las rentas más altas y el capital; de infrafinanciación de los servicios públicos para que, al funcionar cada día peor, los privados parezcan inevitables y salvadores; de transferencias masivas de riqueza hacia arriba, consentidas o promovidas por los mismos que hoy proponen racionar lo que queda.

Hay recursos de sobra para que todos los seres humanos vivamos con suficiencia y dignidad. Lo que no hay es voluntad política de distribuirlos, y eso no es una desgracia colectiva que nos obligue a poner a unas personas por delante de otras, como propone la derecha, sino una elección de clase. La izquierda debería decirlo con esa claridad.

A la propuesta trampa de Vox no se puede responder con argumentos morales superiores, sino desplazando el foco. No se trata de decir a la gente "todos tenemos los mismos derechos para acceder a lo que escasea", sino "nos han arrebatado lo que nos pertenece y delante de ti están los responsables". La izquierda no se debe arrogar el papel de árbitro entre las víctimas que compiten por las migajas, sino el de mostrar, denunciar y combatir a quienes acumulan todo.

Aceptar que el problema es repartir lo escaso, lo insuficiente, obliga a seguir jugando en el campo de la derecha. El terreno que libera es otro: el que explica por qué se produce artificialmente la escasez, el que muestra los intereses de quienes la generan y la sostienen, y el que señala los instrumentos políticos y fiscales que han de utilizarse para revertirla. No es un problema de origen moral (aunque también tenga esa connotación), sino de sistema económico, esos son los argumentos que la derecha no puede rebatir, y ahí es, precisamente, donde la izquierda lleva demasiado tiempo sin aparecer.

lunes, 4 de mayo de 2026

ESAS ANTIPÁTICAS VOTACIONES

    

     




    Ya hace mucho tiempo que la sociología electoral demostró que el votante no es un animal racional que vota. La imagen de un elector que consulta (casi) todos los programas electorales antes de parir una papeleta es un infundio viejo y falso, cuyo origen debe de andar perdido entre las cabritas de Teócrito. La decisión final se mueve entre dos extremos, uno de largo recorrido, la tradición anclada en la memoria, y otro de trayecto más exiguo, la pulsión psíquica: pulsiones in y pulsiones pro, como los discursos de Cicerón. A ambas dedican sus esfuerzos las campañas electorales (y desafortunadamente la mayor parte de la política actual).

    En consecuencia, para tanta minucia no tiene sentido la mayor parte de los impossibilia que nos planteamos ante la decisión electoral (llamo la atención de que usamos el término electoral… Ni político ni ético, electoral).

    A) Por ejemplo, no podemos desear, en las actuales circunstancias, que el PP Moreno deje de obtener mayoría absoluta y que el apoyo a Vox decrezca considerablemente, pues esa mayoría se basa en la debilidad de los voceros de la ultraderecha. La declaración del chico de Adelante Andalucía de que va a arrebatar a los cabreados de las garras de Vox es, cuando menos, falaz, c’est-à-dire que si a ti te sale un hijo o sobrino banderito, lo mejor es que le muestres la posibilidad de votar SALF o Falange Española de las JONS, que esos sí que son fieles a las esencias de España… Las posibilidades de que el voto no germine son mucho mayores, la verdad. Lógica electoral, ni ética ni política.

    B) Tampoco es posible desear que el PSOE aumente sensiblemente su capacidad de respuesta ante el PP Moreno y que la candidata y su estructura política reciban un buen rapapolvo, porque las cosas no se hacen así y si se produce un, aunque sea, relativo vuelco electoral, la organización nunca se va a reforzar ni los militantes van a poder jugar un papel esencial en la dirección política. Sirva de recordatorio que eso lo saben Sánchez y su porquero. Y su barquero. Y su surfero. 

    C) También es triste de ver (pero más triste es robar) cómo deseamos con ansia una fuerza de izquierdas que sea capaz de mejorar el día a día de la gente, pero agasajamos a quienes pasan sus días levitando sobre el mar de Galilea y llevándose las manos a la cabeza si los demás pasan algo de su tiempo con pecadores pescadores. El voto de pureza no es electoral. Yo conocí a un director de instituto que, cuando se rellenaban los desiderata de grupos y horario para el curso, advertía: “Tened cuidado con lo que pedís, que a lo mejor se os concede”.

    En definitiva, el cálculo electoral de un individuo (o microgrupo) ante unas elecciones no es asunto complejo ni condiciona la paz mundial. De hecho, si ponemos distancia, se nos hace más fácil y tenemos opinión sobre lo que (no) votaríamos en Estados Unidos, el Reino Unido o los Emiratos Árabes Unidos (voto censitario, creemos).

    La política es de otro percal: se extiende en el tiempo (con formación y presencia en pueblos y barrios, nos permitimos recordar) y se construye con éxitos y fracasos, intentando suplir los segundos con los primeros. La ética, por su parte, debe presidir la política, siempre que podamos definir sus principios y fines, que difícilmente van a ser universales ni ajenos a los grupos dominantes, como advertía don Carlos M

    El empeño electoral es en esencia memoria y pulsión. Pues dejémonos llevar por esta sin olvidar aquella. Pero al día siguiente de las elecciones, conocidos los resultados, nos ponemos a hacer política, no a preparar otros comicios.

Yo, al menos, estoy Por.

Pedro A. Jiménez Manzorro
Profesor de Educación Secundaria y Analista de datos de Sociología Andaluza






domingo, 3 de mayo de 2026

 






La receta de los jubilados del SAS: un 8% del PIB para sanidad, eliminar los conciertos y más dinero para atención primaria

 

José Antonio Sau

Sur. 27/4/2026

 

El grupo de Jubilados del SAS 'Por una sanidad pública de calidad' ha presentado este lunes un documento con 210 medidas para mejorar el sistema sanitario andaluz, propuestas que, según esgrimen, deberían incorporar los partidos políticos que concurren a las elecciones en sus programas electorales. Entre sus peticiones, destaca la de destinar un 25% del presupuesto a Atención Primaria, es decir, a prevención, descontando el gasto farmacéutico. Ahora, según el médico de familia Daniel Prados, esta inversión es de solo el 17% de la inversión. Reclaman, además, incrementar la inversión sanitaria general hasta el 8% del PIB andaluz.

En una rueda de prensa ofrecida en la Sociedad Económica de Amigos del País y en la que han participado el propio Prados, la enfermera Lola Fernández y el celador Leonardo Romero, el doctor Prados ha asegurado que «defender la sanidad pública es defender la igualdad». Además, han lanzado más propuestas que consideran, por cierto, «asumibles» por parte del SAS.

Subasta de medicamentos

Los miembros de la plataforma consideran que el modelo actual se desliza hacia «la privatización progresiva», y recuerdan que el seguro privado ha crecido un 130% desde 2018. Así, piden priorizar la gestión pública directa, auditorías públicas para las listas de espera y transparencia total, así como la extinción, cuando sea legal y posible, «de los conciertos singulares con hospitales privados que impliquen la asignación estable de población de referencia». También piden recuperar la subasta de medicamentos y la promoción de genéricos.

Solicitan ampliar horarios, de ocho de la mañana a ocho de la tarde, reducir listas de espera con más personal, el acceso directo desde Atención Primaria a pruebas diagnóstica y el desarrollo de servicios como fisioterapia, oncología comarcal o podología.

En el ámbito de política personal, creen necesario crear 18.000 puestos, reducir la temporalidad al 8%, mejora salarial para evitar fugas y recuperación de la exigencia «de dedicación exclusiva para cargos directivos e intermedios» y la recuperación del concepto retributivo «dedicación exclusiva» para gratificar a los médicos de puestos de base que lo soliciten.

Cupos

En Atención Primaria aconsejan limitar cupos hasta un máximo de 1.300 pacientes por médico, reducir la burocracia, el acceso a pruebas diagnósticas y en Atención hospitalaria exigen reducir los conciertos con privados, poner en marcha un plan de choque para las listas de espera, el uso completo de infraestructuras sin cierre de camas y la reducción, a la mitad, de los tiempos quirúrgicos.

En Atención sociosanitaria piden una mejora urgente de la atención a la dependencia y centros intermedios para evitar hospitalizaciones innecesarias. En salud mental aconsejan un plan específico contra el suicidio y más recursos sociales y comunitarios para el trastorno mental grave.

En el apartado de Mujer y salud reclaman incorporar la perspectiva de género en todo el sistema, mejoras en las patologías infradiagnosticadas como endometriosis, fibromialgia y migraña, garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la mejora de cribados oncológicos y atención ginecológica. Como explica Lola Fernández, en cuanto a los fallos en los cribados de mama es necesario minimizar riesgos, reparar el daño e indemnizar a pacientes y familias afectadas, frente a lo que se ha hecho hasta ahora, «enviarlas a que pongan demandas».

En Transparencia y participación exigen una rendición de cuentas pública y consejos de salud activos en todos los niveles.

 


sábado, 2 de mayo de 2026

No sólo en USA


 Sanders hace su trabajo; ahora le toca hacer su trabajo al pueblo para cambiar las cosas.

domingo, 26 de abril de 2026

Algo se puede hacer para resolver el problema de la vivienda

 


Foto. Greenwich Village


¿Gravar la vivienda para distribuir riqueza? La receta del Nueva York de Mamdani que ya se baraja en España

Selina Barcena

Infolibre. 26/4/2026

Las ideas para aumentar la contribución fiscal de los grandes patrimonios están ganando espacio en la conversación pública de muchos países. De la tasa Zucman en Francia al impuesto sobre las grandes fortunas en España, pasando por la polémica que ha desatado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al proponer una tasa que grave las segundas residencias de lujo con un valor superior a cinco millones de dólares. Y es que el aterrizaje de este clamor para crear sistemas redistributivos más efectivos parece estar dirigiéndose, sobre todo, hacia la vivienda. Este martes el grupo Más Madrid presentaba en el Congreso una propuesta similar: modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se pague según el valor catastral y sea progresivo. Además, la tasa sería más alta para quienes tengan más de cinco casas en la misma ciudad y para los fondos, sociedades o empresas. 

Las costuras de la desigualdad están especialmente tensionadas en todo lo que tiene que ver con la vivienda y no solo a nivel nacional. Un estudio elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señalaba que en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España se requería el 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones. En las zonas más tensionadas, el alquiler llegaba a comerse el sueldo total de una persona. Esta crisis de acceso a un bien tan básico como la vivienda ha hecho que una parte significativa del debate sobre la desigualdad global se centre en el ámbito inmobiliario y en la especulación. “Este es el tipo de actividad inmobiliaria que se está produciendo en esta ciudad: viviendas que permanecen prácticamente vacías durante gran parte del año mientras los neoyorquinos sufren en esta misma ciudad [para encontrar una vivienda]”, declaró Mamdani en una entrevista al canal NBC. “Esto es gravar a los ricos”, concluía.

Mirar a la vivienda es hacerlo a las rentas del capital, que pueden derivar de la explotación de finanzas e inversiones o de bienes inmuebles, pero que suponen un pedazo sustancial en la composición de la riqueza de los grupos con mayor poder adquisitivo. 

En el siguiente gráfico, realizado en base a datos de 2022 elaborados por Fedea, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel de renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el quintil número cinco aparece desglosado en deciles y centiles para ver cómo se compone la riqueza del 1% con más dinero. 

En este análisis coincide un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, titulado Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares. "La principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares son las rentas del trabajo, cuya distribución presenta niveles de desigualdad relativamente moderados. No obstante, en los tramos superiores de la distribución adquieren una importancia creciente las rentas del capital y del patrimonio, caracterizadas por una concentración elevada y una desigualdad mucho más acusada", explica el informe. Y lo peor, cuesta mucho subir de escalón: sus datos señalan que más del 60% de los hogares que comienzan el año entre el 10% más pobre, siguen igual al cierre del año. En el otro extremo, el 80% de las familias que están en el 10% más rico permanecen en el mismo sitio 12 meses después. Estos porcentajes son casi idénticos en todos los años analizados desde 2019 a 2023.

Por otra parte, la rentabilidad del sector inmobiliario no ayuda a frenar las dinámicas especulativas. Comprar una vivienda para ponerla en alquiler ofrece una rentabilidad bruta anual del 6,7%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Un porcentaje que duplica la inflación y que supera, por ejemplo, a los retornos de los bonos del Tesoro. Aquí es donde las medidas fiscales tratan de poner freno, desincentivando el uso de la vivienda como activo de mercado.

Pero, ¿puede tener un efecto redistributivo amplio un gravamen sobre vivienda? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Juan Torres López estas medidas tienen más peso como elemento de disuasión que como herramienta de reparto. “Mi opinión es que este tipo de medidas puede tener un efecto demasiado limitado o incluso contraproducente si no se mide bien su impacto y si no se insertan en estrategias de conjunto. También habría que ver cuánto se podría recaudar y su capacidad redistributiva porque podríamos llevarnos sorpresas”, señala. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda en particular, sí considera que la fiscalidad puede jugar un papel relevante. “Un impuesto progresivo sobre viviendas vacías en zonas tensionadas, con definición precisa de vacío y verificación real, podría aumentar la oferta sin construir nada nuevo”, aunque matiza que un “bien público esencial como es la vivienda no puede tener el mismo tratamiento que un activo financiero”. 

Más impuestos al capital inmobiliario

“Hay que dar la batalla contra la desigualdad, y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentive también el acaparamiento de viviendas”, señalaba este martes Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tras presentar la medida.

Si para Mamdani aumentar la fiscalidad de las segundas residencias es gravar a los ricos, la propuesta del grupo madrileño señala en la misma dirección, aunque su idea sería vehicularlo a través del IBI. Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, aludió directamente a la propuesta que se estudia en Nueva York y explicó que la medida se basa en tres puntos: evitar la acaparación de casas con un aumento tributario, gravar las viviendas de lujo, con especial atención al 10% más rico y, finalmente, subir los impuestos sobre las viviendas que sean propiedad de las empresas.

En los tecnicismos de la norma, que se presentó en forma de Proposición de Ley en el Congreso, se señala que la "actual configuración del IBI como tributo de cuota proporcional resulta insuficiente para satisfacer el mandato constitucional de justicia tributaria" y pide crear tramos progresivos que se apliquen en función del valor catastral que tenga cada inmueble, dejando a cada ayuntamiento margen para adaptarlo.

Por otro lado, propone penalizar las viviendas que permanezcan vacías con un recargo "de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años". Eso sí, quienes pongan su casa en alquiler asequible estarían exentas de esta tasa.

El grupo madrileño insiste en la tesis de que el efecto redistributivo de gravar las viviendas puede ser significativo. "En Madrid, quien tiene una vivienda en Núñez de Balboa de cuatro millones de euros paga un IBI exactamente con el mismo tipo impositivo que una familia de Puente de Vallecas que cueste 200.000 euros. Quien tiene una única vivienda paga el mismo tipo de IBI que quien tiene 20. Un fondo como Blackstone paga en las mismas condiciones que un vecino o vecina que vive de su trabajo", señalan en un comunicado. Es el mismo mensaje que pretende lanzar el alcalde de Nueva York y cuyo efecto aún está por ver, ya que su propuesta ni siquiera ha llegado aún a la fase de implementación. 

 


La Unión Europea con los genocidas

 

La jueza de la Corte Penal Internacional, Solomy Balungi Bossa, la relatora de la ONU, Francesca Albanese y el director de Al Mezam, Issam Younis, tres de los sancionados por EEUU. La Haya, este jueves


El SOS lanzado desde La Haya por juristas y la relatora de la ONU mientras la UE protege sus negocios y alianzas con Israel

Olga Rodríguez

elDiario.es
26/04/2026

Esta semana, una vez más, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evitó someter a votación la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, un pacto que otorga al Estado israelí la categoría de socio comercial prioritario de la UE. Alemania e Italia fueron los principales opositores a su suspensión, pero también mostraron reticencias otros países.

El Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, puesto en marcha en 2003, ha seguido vigente desde entonces pese a las matanzas, el apartheid y la anexión ilegal impulsadas por el Ejército israelí. Operar con un acuerdo preferencial como este viola la Convención sobre Genocidio, que exige adoptar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio, e ignora la petición de la Corte Internacional de Justicia, que solicita a los Estados “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la ocupación ilegal israelí y a la segregación contra la población palestina. 

La Unión Europea conoce los crímenes israelíes pero opta por no activar mecanismos para intentar frenarlos, evita suspender sus relaciones preferenciales y además vuelve a decir sí a la participación israelí en Eurovisión. Esta posición supone un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y una violación del derecho internacional. Llevamos dos años y medio de genocidio en Gaza contemplando cómo las palabras van por un lado, y los hechos, por otro. 

Relatores de la ONU subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional, pero ni siquiera ese paso ha sido posible

Varias ONG han denunciado que el Acuerdo siga activo y han tratado de presionar para su suspensión, junto con Eslovenia, Bélgica, Irlanda y España. Amnistía Internacional, entre otras, ha señalado que el mantenimiento de estas relaciones preferenciales “muestra el desprecio por las vidas civiles” y “será recordado como otro capítulo vergonzoso en uno de los momentos más deshonrosos de la historia de la Unión Europea”.

El responsable de incidencia en la UE de Human Rights Watch (HRW), Claudio Francavilla, ha indicado que “la UE siempre ha tenido las herramientas para ejercer una presión real para frenar los crímenes israelíes y perseguir la rendición de cuentas, para prevenir la destrucción y los asesinatos de madres, niños, familias enteras. No las utiliza, y esto es una elección política deliberada y una violación del derecho internacional”. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Tel Aviv, por delante de Estados Unidos: no es verdad que no disponga de mecanismos para presionar a Israel.

Los relatores expertos de Naciones nidas subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional en estos momentos. Pero ni siquiera ese paso ha sido posible. “La UE no puede afirmar que defiende los derechos humanos mientras mantiene un comercio preferencial con un Estado cuyo comportamiento equivale a genocidio”, han denunciado. 

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, insiste en que “limitar el comercio con las colonias es una cortina de humo”, porque “si el derecho internacional significa algo, la complicidad no se ajusta o se limita: se acaba con ella, por lo que el comercio con Israel debe suspenderse ya”.

La UE siempre ha tenido las herramientas para ejercer presión real para detener los crímenes israelíes, para prevenir los asesinatos de madres, niños, familias enteras. No las usa, y esto es una decisión política deliberada y una violación del derecho internacional. 

Todo esto ocurre mientras once integrantes de la Corte Penal Internacional, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y varias organizaciones de derechos humanos palestinas siguen sancionados por Estados Unidos por hacer su trabajo. No han cometido ningún delito pero sufren un castigo habitualmente empleado contra narcotraficantes y redes criminales. Su labor consiste en investigar crímenes, recopilar pruebas y aplicar el derecho internacional, y por eso han recibido las sanciones del Gobierno de Trump. 

Algunos de los afectados por ese castigo son europeos, por lo que llevan tiempo solicitando a los Estados la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a sus ciudadanos en este tipo de casos. Esta semana esos jueces y juristas sancionados por Washington lanzaron un SOS desde La Haya, sede de los dos tribunales internacionales. En un encuentro público impulsado por la Coalición para la Corte Penal Internacional y la campaña Courage, dirigida principalmente a la UE, ofrecieron una rueda de prensa para relatar cómo les afecta este castigo y para solicitar ayuda a los Estados.

Bajo el título '¿Quién protege a quien protege?' contaron que no pueden usar sus tarjetas de crédito ni acceder a sus propios ingresos en sus cuentas bancarias europeas —u otras— y demandaron protección de los países europeos. 

No puedo realizar pagos ni recibir ingresos y he sido condenada –también en mi propio país, también en Europa– a una muerte civil. “No puedo realizar pagos, no puedo recibir ingresos y he sido condenada —también en mi propio país, también en Europa— a una muerte civil”, denunció Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas, quien agradeció la elaboración de un informe sobre la situación de los sancionados, realizado por la Coalición para la Corte Penal Internacional.

“Si Australia, Túnez o cualquier otro Estado impusieran sanciones a alguien, no se aplicarían fuera de ese país. Pero cuando se trata de bancos, como Europa no tiene verdadera soberanía bancaria, nuestros bancos en Europa corren el riesgo de ser acusados de cometer un delito grave”, explicó Albanese, refiriéndose a su imposibilidad de acceder a sus propios ingresos en cuentas bancarias europeas. Por esta situación su familia interpuso recientemente una querella en Estados Unidos contra Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Tanto ella como los representantes de las organizaciones palestinas sancionadas —Al Haq, Al Mezam y el Centro Palestino para los Derechos Humanos— enfatizan que “es Israel el que está cometiendo crímenes”, “nosotros somos los que los investigamos”. Sin embargo, son ellos los que están recibiendo presiones, persecución y castigo: “Nos colocan junto a narcotraficantes y criminales, en el mismo saco”.

Hace tan solo unos días Francia negó la entrada al director de Al Haq, quien tenía previsto participar en una conferencia en París. Esta organización, al igual que las otras dos mencionadas, lleva décadas realizando tareas de investigación en los territorios palestinos y presentando demandas en los tribunales.

Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo en materia de derecho y justicia 

También recientemente la relatora de la ONU, Francesca Albanese, fue objeto de una campaña de difamación en su contra, en la que participaron varios ministros de Exteriores de la UE pidiendo su dimisión. “Cuando Albanese expone los crímenes israelíes, algunos Estados de la UE exigen su renuncia”, señala Claudio Francavilla, de HRW. El precio de respaldar la aplicación del derecho internacional es cada vez más alto, no solo en suelo estadounidense, también aquí, en esta Europa de doble rasero. 

“Esperábamos recibir señales alentadoras en Bruselas, pero salimos completamente frustrados”, explica el director de Al Mezam, Issam Younis. “Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo con su papel en materia de derecho, de rendición de cuentas y de justicia”, denuncia. 

Por favor, apoyen esta campaña, porque resulta chocante ver que hay funcionarios estatales que ni siquiera saben que hemos sido sancionados”, reclama la relatora de la ONU. Y añade: “Hay personas que tienden a ser cobardes o que no se dan cuenta de que forman parte del sistema. Piensan que tramitando papeles no están haciendo nada, que no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema. No hay espectadores neutrales cuando se trata de un genocidio”. 

Hay personas que no se dan cuenta de que forman parte, piensan que tramitando papeles no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema.

En tiempos de genocidio, la inacción es una contribución a los crímenes y supone una vulneración del derecho internacional. La Unión Europea sigue apostando por sostener su imagen dando dinero para la reconstrucción, pero sin molestar en la fase de destrucción. No desplegó las herramientas obligadas para evitar la destrucción de hospitales, escuelas y personas y sigue sin hacerlo. “El ciclo que financia la Unión Europea es reconstruir, bombardear de nuevo, reconstruir, bombardear de nuevo, ese ciclo aviva la impunidad”, denuncia Claudio Francavilla, responsable de Human Rights Watch para la UE.

Los negocios y las alianzas preferenciales de la UE con Tel Aviv siguen adelante mientras Israel viola el alto el fuego en Gaza y Líbano, mata a más de 2.500 personas en las últimas semanas —incluidos niños y niñas— incrementa sus asentamientos en Cisjordania, transfiere población a los territorios ocupados, extiende su presencia militar en el sur de Líbano y justifica sus bombardeos ilegales contra Irán.

La población de Gaza vive apelotonada en menos de un tercio del territorio, hacinada, arrinconada y vigilada por el Ejército israelí, que ocupa más de la mitad de la Franja. Cientos de miles de personas habitan en tiendas de campaña, sin los nutrientes necesarios, sin atención médica adecuada, sufriendo frío, calor, humedad y ratas que, literalmente, están provocando heridas y enfermedades. 

 En 2024 numerosas voces alertaron de que, si no se actuaba frente a los crímenes israelíes, el mundo podría acostumbrarse a ellos, por repetición. Dos años después, asistimos a un retroceso de derechos y libertades en Europa para acallar las protestas, las matanzas y el apartheid continúan y tenemos a máximos representantes del derecho internacional sancionados y desprotegidos, en suelo europeo. No hay la reacción que merecen. Esta indiferencia contribuye activamente a la debilitación de las herramientas jurídicas creadas para proteger los intereses de las mayorías sociales del planeta. 

Los dirigentes hablan de alto el fuego, pero no hay un alto el fuego real, ni en Gaza ni en Líbano. La 'Junta de Paz' de Trump no es de paz y las negociaciones no son realmente negociaciones, sino imposiciones. Pero los crímenes siguen siendo crímenes, mientras la UE realiza malabarismos comunicativos para que las palabras sean percibidas como hechos y las complicidades sigan siendo invisibles. 

 

viernes, 24 de abril de 2026

Extremadura

 


                                                                                                El Español

                    EXTREMADURA: UN PACTO INMORAL

Antonio Escudero

Tribuna
21/4/2026


El Contrato Social es la base de la democracia. Forma gobierno quien obtiene la mayoría parlamentaria, pero ese gobierno no puede violar la Constitución ni las leyes vigentes. Pese a ello, PP y VOX acaban de pactar en Extremadura un programa repleto de propuestas ilegales en unos casos e irresponsables en otros. Entre las ilegales, las que guardan relación con la inmigración y entre las irresponsables, evitar que se instalen infraestructuras de energía solar y eólica y modificar la progresividad fiscal por citar sólo dos. Podría enumerar los artículos de la Constitución y las leyes españolas y europeas que vulneran las propuestas relacionadas con los inmigrantes, pero prefiero centrar este breve artículo de opinión en algo que considero más profundo porque constituye el fundamento de nuestra constitución y legislación: la ética.  

En la página 8 del documento pactado por PP y Vox se lee: Se pondrá en marcha un plan integral de mejora del sistema sanitario de Extremadura, orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”. Más adelante (páginas 18 y 19), se lee:El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá: (….) la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. En román paladino: el primer párrafo deja fuera del sistema sanitario público extremeño a todo ciudadano que no tenga la nacionalidad española y el segundo establece que un inmigrante ilegal recibirá asistencia médica sólo si se halla en trance inminente de perder la vida.

 Actúa solo según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal." Así definió Kant el imperativo categórico, fundamento de una ética basada en la razón y ajena, pues, a religiones, ideologías, tradiciones, emociones y deseos. Dicho esto, contestaré a una pregunta haciendo uso del imperativo categórico. ¿Es ético negar la asistencia médica a un ser humano por el hecho de ser extranjero o hacerlo sólo en el caso de que esté en peligro de muerte? No, porque cualquier persona quedaría sin asistencia médica fuera de su país, vulnerándose el deber de auxilio entre seres humanos y el respeto a la dignidad de toda persona como fin en sí misma y no como medio para que otros logren sus objetivos.

¿Qué moral hay, pues, detrás del documento pactado por PP y VOX? Prefiero no definirla, pero resulta evidente que se fundamenta en que la dignidad humana de un extranjero posee menos valor que la de un español. 


LA IZQUIERDA PICA EL ANZUELO DE LA PRIORIDAD NACIONAL

          Un texto de Juan Torres López publicado en La Voz del Sur el 8 de Mayo de 2026 ---------------------- La derecha española no ha ta...