Carlos Arenas
28 de febrero de 2026
He calificado en muchas ocasiones el capitalismo andaluz como raquítico, extractivo, desigual, insostenible o vulnerable. Raquítico porque las variables usuales con las que medimos el desarrollo y el bienestar nos sitúan a la cola de las regiones españolas y europeas; extractivo porque se reproducen trasferencias financieras, explotaciones naturales y del trabajo hacia oligarquías autóctonas y foráneas confraternizadas; desigual por la incapacidad para resolver las grandes diferencias de renta, de salud y de oportunidades hoy existentes en la sociedad andaluza; insostenible porque los cambios climáticos y las amenazas de confrontaciones bélicas a nivel global -mientras esto escribo se está produciendo un ataque combinado de USA e Israel contra Irán que amenaza con convertirse en colapso económico y destrucción-, con el militarismo consiguiente, amenazan seriamente los mimbres de una economía basada fundamentalmente en actividades agrarias y turísticas.
El atraso relativo andaluz es cosa de siglos, es la herencia de una situación que echó raíces en la Baja Edad Media y que siglo tras siglo se ha ido perpetuando hasta adquirir un peso que lastra política, cultural y anímicamente la posibilidad de cambiar radicalmente el curso de la historia. Si hay algo en común en tan largo periodo histórico, y aun antes, es que Andalucía ha sido tierra de promisión para conquistadores, colonizadores, inversores que han encontrado aquí recursos naturales, posiciones estratégicas y mercados reservados tras convertirse en las élites hegemónicas que han controlado el poder, acaparado recursos, dictado el relato de lo andaluz, contando para ello con la connivencia y el aplauso de élites locales propietarias, rentistas o comisionistas, de clases intermedias e incluso con una parte de las clases subalternas gratificadas con favores clientelares y, no en menor medida, con la tolerancia con las corruptelas.
Si se me pide concretar en un titular la manera de escapar a este bucle melancólico de mediocridad y desigualdad solo hay una palabra: descolonizar o, dicho en positivo, ejercer el poder sobre cada uno de los elementos de la estructura que conforma la soberanía en un mundo interconectado; ser protagonistas de las decisiones; desenmascarar y sustituir a la clase política entregada a los invasores.
Esto que suena fuerte, utópico o quimérico ya lo intentamos dos veces los andaluces en el pasado y fuimos derrotados: una, a lo largo del siglo XIX, hasta 1873, en que fuimos pioneros en ofertar una configuración federal del Estado: de aquel fracaso surgió el actual atraso y supeditación de Andalucía. Dos, durante la transición de la dictadura a la democracia entre 1977 y 1980. Hoy conmemoramos la aprobación en referéndum de un estatuto de autonomía que abogaba por políticas de planificación económica e intervención pública que corrigiera desequilibrios y dotara a Andalucía de la cuota de poder dentro del Estado que le corresponde por la dimensión de su territorio y de su población.
En consecuencia, no cabe otra forma de romper el bucle del atraso relativo que volver a retomar y actualizar sendas de soberanía derrotadas o abandonadas, empezando por tener muy claro qué se quiere a medio y largo plazo y qué se puede hacer a corto, cuáles son las herramientas actuales y cuáles las futuras necesarias para avanzar en la estrategia marcada, porque la situación andaluza no se corrige con meros retoques sobre el modelo productivo, político o institucional vigente; es necesario tener el poder político para transformarlo radicalmente porque radical ha sido y es la dependencia y la preterición de la sociedad andaluza.
Si lo primero es tener poder para cambiar las cosas, la pregunta obligada es: ¿cómo someter a las oligarquías coloniales y sacar del poder a las mesocracias subalternas que han gobernado Andalucía en los últimos cincuenta años? ¿Cómo hacer en democracia que la mayoría social asuma la necesidad del cambio real? ¿Cómo situar a Andalucía en la España de las periferias que hoy se intuye? ¿Contamos con los instrumentos necesarios para ello? Solo hay una respuesta: No hay otro medio para ejercer el poder que la Política forme parte de la cultura o de la rutina de la gente como diría un republicano a la vieja usanza.
El primer paso para ello es mostrar y demostrar que otra Andalucía es posible. Es posible desarrollando un proyecto de país que corrija todos los obstáculos que hoy frenan su desarrollo material e inmaterial. En primer lugar, diseñando e implementando una hoja de ruta que haga de la igualdad social un objetivo central en un doble y compatible sentido; la distribución equitativa del producto social, de la riqueza acumulada; el acceso a los recursos y a las oportunidades que permiten la promoción social.
No hay convergencia social mientras estemos sometidos a sistema fiscal pensado para favorecer a la propiedad, la herencia y el capital antes que para satisfacer las necesidades sociales; aun peor si, además, los recursos públicos existentes se transfieren a negocios privados, sanitarios, escolares, universitarios, urbanísticos, etc., que atienden a unas minorías, en detrimento de la calidad de los servicios públicos y universales.
Es complicado también establecer los mínimos exigibles de bienestar sin corregir las elevadas bolsas de fraude fiscal y de economía sumergida. Una más eficaz inspección fiscal y laboral debería tender a sacar del mercado a toda actividad empresarial sostenida en el fraude fiscal y la explotación de la mano de obra. De igual manera la política fiscal igualitaria tendría como objetivo gravar las rentas no productivas, parasitarias, tan influyentes en Andalucía, con la intención de dirigirlas a la actividad productiva y a la creación de empleo.
No basta, sin embargo, con corregir tales privilegios y corrupciones. Si definimos Andalucía como una economía dependiente y extractiva de riqueza que se escapa de la comunidad, habrá que optimizar los recursos legales disponibles en el actual marco estatutario u obtener otro marco más ambicioso otros para establecer las bases de una fiscalidad decolonial que grave a entidades financieras, mercantiles, de servicios, etc., que usan Andalucía como fuente de beneficios sin contribuir societariamente o sin implicarse seriamente en el desarrollo de las fuerzas productivas de la Comunidad Autónoma.
Un gobierno andaluz que tenga como meta la igualdad ha de plantearse una estrategia tendente a garantizar la igualdad de oportunidades eliminando la segmentación social y cualquier barrera de entrada a los recursos materiales e inmateriales que permiten la promoción y la igualdad entre andaluces. Entre las muchas iniciativas que podrían implementarse en el terreno de lo material estarían la promoción de una banca de proximidad, la vertebración de las iniciativas económicas, el empoderamiento político de autónomos, pymes y de la agricultura familiar, la promoción de redes de suministros y clústeres locales, fomento de la economía social, vigilar las prácticas buscadoras de rentas, etc., siguiendo planes de incentivos y de utilidad compartida.
En el ámbito de lo inmaterial es prioritario intervenir en el sistema educativo haciendo de la enseñanza pública la base del sistema en detrimento de centros concertados o privados sobre los que se soportan la discriminación social y laboral, las diferencias de clase en la sociedad andaluza. Igualmente, el gobierno andaluz debería dotar de capital social a quien, pese a sus méritos personales, carece del apoyo necesario para promover social o profesionalmente. En este mismo ámbito de lo inmaterial, es fundamental modificar los términos de un capital simbólico que sacraliza las jerarquías sociales en detrimento de los vínculos transversales que favorecen la solidaridad y la empatía.
Hacer un programa de gobierno es relativamente sencillo, lo difícil es implementarlo en las presentes circunstancias de hartazgo, fatalismo y desafección popular hacia la política, de impunidad de la corrupción, de arraigo de épicas fascistas que parecían erradicadas. Hay teclas sin embargo que pueden tocarse para desarrollar una épica alternativa, y la experiencia andaluza, la federal y municipalista del XIX, la autonómica de 1980, nos ofrece pistas para hacer que el pueblo vuelva a hacer política por sí mismo y hacerla como entonces, desde abajo, contagiando a las fuerzas políticas progresistas; la politización necesaria será tanto o más imprescindible en la encrucijada actual en que los cambios climáticos, los efectos de la guerra y el militarismo sobre la sociedad pueden tener un impacto muy negativo sobre la economía global y, en consecuencia, sobre el modelo productivo andaluz. Es importante anticiparse a que los trumpistas locales establezcan la ley del más fuerte, reproduciendo y multiplicando exponencialmente las carencias actuales.
