Algo se puede hacer para resolver el problema de la vivienda

 

Foto. Greenwich Village

¿Gravar la vivienda para distribuir riqueza? La receta del Nueva York de Mamdani que ya se baraja en España

Selina Barcena

Infolibre. 26/4/2026

Las ideas para aumentar la contribución fiscal de los grandes patrimonios están ganando espacio en la conversación pública de muchos países. De la tasa Zucman en Francia al impuesto sobre las grandes fortunas en España, pasando por la polémica que ha desatado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al proponer una tasa que grave las segundas residencias de lujo con un valor superior a cinco millones de dólares. Y es que el aterrizaje de este clamor para crear sistemas redistributivos más efectivos parece estar dirigiéndose, sobre todo, hacia la vivienda. Este martes el grupo Más Madrid presentaba en el Congreso una propuesta similar: modificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para que se pague según el valor catastral y sea progresivo. Además, la tasa sería más alta para quienes tengan más de cinco casas en la misma ciudad y para los fondos, sociedades o empresas. 

Las costuras de la desigualdad están especialmente tensionadas en todo lo que tiene que ver con la vivienda y no solo a nivel nacional. Un estudio elaborado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) señalaba que en Bulgaria, Irlanda, Polonia, Portugal y España se requería el 80% del salario medio para alquilar un apartamento de dos habitaciones. En las zonas más tensionadas, el alquiler llegaba a comerse el sueldo total de una persona. Esta crisis de acceso a un bien tan básico como la vivienda ha hecho que una parte significativa del debate sobre la desigualdad global se centre en el ámbito inmobiliario y en la especulación. “Este es el tipo de actividad inmobiliaria que se está produciendo en esta ciudad: viviendas que permanecen prácticamente vacías durante gran parte del año mientras los neoyorquinos sufren en esta misma ciudad [para encontrar una vivienda]”, declaró Mamdani en una entrevista al canal NBC. “Esto es gravar a los ricos”, concluía.

Mirar a la vivienda es hacerlo a las rentas del capital, que pueden derivar de la explotación de finanzas e inversiones o de bienes inmuebles, pero que suponen un pedazo sustancial en la composición de la riqueza de los grupos con mayor poder adquisitivo. 

En el siguiente gráfico, realizado en base a datos de 2022 elaborados por Fedea, se ve la procedencia de los ingresos de distintos grupos de población según su nivel de renta. El primer quintil (Q1) agrupa al 20% con menos renta y el quintil número cinco aparece desglosado en deciles y centiles para ver cómo se compone la riqueza del 1% con más dinero. 

En este análisis coincide un estudio reciente realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, titulado Análisis de la desigualdad de la renta y la pobreza de los hogares. "La principal fuente de ingresos para la mayoría de los hogares son las rentas del trabajo, cuya distribución presenta niveles de desigualdad relativamente moderados. No obstante, en los tramos superiores de la distribución adquieren una importancia creciente las rentas del capital y del patrimonio, caracterizadas por una concentración elevada y una desigualdad mucho más acusada", explica el informe. Y lo peor, cuesta mucho subir de escalón: sus datos señalan que más del 60% de los hogares que comienzan el año entre el 10% más pobre, siguen igual al cierre del año. En el otro extremo, el 80% de las familias que están en el 10% más rico permanecen en el mismo sitio 12 meses después. Estos porcentajes son casi idénticos en todos los años analizados desde 2019 a 2023.

Por otra parte, la rentabilidad del sector inmobiliario no ayuda a frenar las dinámicas especulativas. Comprar una vivienda para ponerla en alquiler ofrece una rentabilidad bruta anual del 6,7%, de acuerdo con el portal inmobiliario Idealista. Un porcentaje que duplica la inflación y que supera, por ejemplo, a los retornos de los bonos del Tesoro. Aquí es donde las medidas fiscales tratan de poner freno, desincentivando el uso de la vivienda como activo de mercado.

Pero, ¿puede tener un efecto redistributivo amplio un gravamen sobre vivienda? Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada Juan Torres López estas medidas tienen más peso como elemento de disuasión que como herramienta de reparto. “Mi opinión es que este tipo de medidas puede tener un efecto demasiado limitado o incluso contraproducente si no se mide bien su impacto y si no se insertan en estrategias de conjunto. También habría que ver cuánto se podría recaudar y su capacidad redistributiva porque podríamos llevarnos sorpresas”, señala. 

Sin embargo, en lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda en particular, sí considera que la fiscalidad puede jugar un papel relevante. “Un impuesto progresivo sobre viviendas vacías en zonas tensionadas, con definición precisa de vacío y verificación real, podría aumentar la oferta sin construir nada nuevo”, aunque matiza que un “bien público esencial como es la vivienda no puede tener el mismo tratamiento que un activo financiero”. 

Más impuestos al capital inmobiliario

“Hay que dar la batalla contra la desigualdad, y eso pasa por recuperar un sistema fiscal con un mínimo de sentido, un sistema fiscal progresivo donde los que más tienen contribuyen más, y que desincentive también el acaparamiento de viviendas”, señalaba este martes Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, tras presentar la medida.

Si para Mamdani aumentar la fiscalidad de las segundas residencias es gravar a los ricos, la propuesta del grupo madrileño señala en la misma dirección, aunque su idea sería vehicularlo a través del IBI. Rita Maestre, portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, aludió directamente a la propuesta que se estudia en Nueva York y explicó que la medida se basa en tres puntos: evitar la acaparación de casas con un aumento tributario, gravar las viviendas de lujo, con especial atención al 10% más rico y, finalmente, subir los impuestos sobre las viviendas que sean propiedad de las empresas.

En los tecnicismos de la norma, que se presentó en forma de Proposición de Ley en el Congreso, se señala que la "actual configuración del IBI como tributo de cuota proporcional resulta insuficiente para satisfacer el mandato constitucional de justicia tributaria" y pide crear tramos progresivos que se apliquen en función del valor catastral que tenga cada inmueble, dejando a cada ayuntamiento margen para adaptarlo.

Por otro lado, propone penalizar las viviendas que permanezcan vacías con un recargo "de hasta el 100% de la cuota líquida del impuesto cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años". Eso sí, quienes pongan su casa en alquiler asequible estarían exentas de esta tasa.

El grupo madrileño insiste en la tesis de que el efecto redistributivo de gravar las viviendas puede ser significativo. "En Madrid, quien tiene una vivienda en Núñez de Balboa de cuatro millones de euros paga un IBI exactamente con el mismo tipo impositivo que una familia de Puente de Vallecas que cueste 200.000 euros. Quien tiene una única vivienda paga el mismo tipo de IBI que quien tiene 20. Un fondo como Blackstone paga en las mismas condiciones que un vecino o vecina que vive de su trabajo", señalan en un comunicado. Es el mismo mensaje que pretende lanzar el alcalde de Nueva York y cuyo efecto aún está por ver, ya que su propuesta ni siquiera ha llegado aún a la fase de implementación. 

 

La Unión Europea con los genocidas

 

La jueza de la Corte Penal Internacional, Solomy Balungi Bossa, la relatora de la ONU, Francesca Albanese y el director de Al Mezam, Issam Younis, tres de los sancionados por EEUU. La Haya, este jueves

El SOS lanzado desde La Haya por juristas y la relatora de la ONU mientras la UE protege sus negocios y alianzas con Israel

Olga Rodríguez

elDiario.es
26/04/2026

Esta semana, una vez más, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea evitó someter a votación la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel, un pacto que otorga al Estado israelí la categoría de socio comercial prioritario de la UE. Alemania e Italia fueron los principales opositores a su suspensión, pero también mostraron reticencias otros países.

El Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, puesto en marcha en 2003, ha seguido vigente desde entonces pese a las matanzas, el apartheid y la anexión ilegal impulsadas por el Ejército israelí. Operar con un acuerdo preferencial como este viola la Convención sobre Genocidio, que exige adoptar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio, e ignora la petición de la Corte Internacional de Justicia, que solicita a los Estados “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan” a la ocupación ilegal israelí y a la segregación contra la población palestina. 

La Unión Europea conoce los crímenes israelíes pero opta por no activar mecanismos para intentar frenarlos, evita suspender sus relaciones preferenciales y además vuelve a decir sí a la participación israelí en Eurovisión. Esta posición supone un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y una violación del derecho internacional. Llevamos dos años y medio de genocidio en Gaza contemplando cómo las palabras van por un lado, y los hechos, por otro. 

Relatores de la ONU subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación UE-Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional, pero ni siquiera ese paso ha sido posible

Varias ONG han denunciado que el Acuerdo siga activo y han tratado de presionar para su suspensión, junto con Eslovenia, Bélgica, Irlanda y España. Amnistía Internacional, entre otras, ha señalado que el mantenimiento de estas relaciones preferenciales “muestra el desprecio por las vidas civiles” y “será recordado como otro capítulo vergonzoso en uno de los momentos más deshonrosos de la historia de la Unión Europea”.

El responsable de incidencia en la UE de Human Rights Watch (HRW), Claudio Francavilla, ha indicado que “la UE siempre ha tenido las herramientas para ejercer una presión real para frenar los crímenes israelíes y perseguir la rendición de cuentas, para prevenir la destrucción y los asesinatos de madres, niños, familias enteras. No las utiliza, y esto es una elección política deliberada y una violación del derecho internacional”. La Unión Europea es el mayor socio comercial de Tel Aviv, por delante de Estados Unidos: no es verdad que no disponga de mecanismos para presionar a Israel.

Los relatores expertos de Naciones nidas subrayan que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel es un “requisito mínimo”, es decir, no es la única obligación que tienen los Estados para cumplir el derecho internacional en estos momentos. Pero ni siquiera ese paso ha sido posible. “La UE no puede afirmar que defiende los derechos humanos mientras mantiene un comercio preferencial con un Estado cuyo comportamiento equivale a genocidio”, han denunciado. 

La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, insiste en que “limitar el comercio con las colonias es una cortina de humo”, porque “si el derecho internacional significa algo, la complicidad no se ajusta o se limita: se acaba con ella, por lo que el comercio con Israel debe suspenderse ya”.

La UE siempre ha tenido las herramientas para ejercer presión real para detener los crímenes israelíes, para prevenir los asesinatos de madres, niños, familias enteras. No las usa, y esto es una decisión política deliberada y una violación del derecho internacional. 

Todo esto ocurre mientras once integrantes de la Corte Penal Internacional, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y varias organizaciones de derechos humanos palestinas siguen sancionados por Estados Unidos por hacer su trabajo. No han cometido ningún delito pero sufren un castigo habitualmente empleado contra narcotraficantes y redes criminales. Su labor consiste en investigar crímenes, recopilar pruebas y aplicar el derecho internacional, y por eso han recibido las sanciones del Gobierno de Trump. 

Algunos de los afectados por ese castigo son europeos, por lo que llevan tiempo solicitando a los Estados la activación del reglamento de bloqueo de la UE, diseñado para proteger a sus ciudadanos en este tipo de casos. Esta semana esos jueces y juristas sancionados por Washington lanzaron un SOS desde La Haya, sede de los dos tribunales internacionales. En un encuentro público impulsado por la Coalición para la Corte Penal Internacional y la campaña Courage, dirigida principalmente a la UE, ofrecieron una rueda de prensa para relatar cómo les afecta este castigo y para solicitar ayuda a los Estados.

Bajo el título '¿Quién protege a quien protege?' contaron que no pueden usar sus tarjetas de crédito ni acceder a sus propios ingresos en sus cuentas bancarias europeas —u otras— y demandaron protección de los países europeos. 

No puedo realizar pagos ni recibir ingresos y he sido condenada –también en mi propio país, también en Europa– a una muerte civil. “No puedo realizar pagos, no puedo recibir ingresos y he sido condenada —también en mi propio país, también en Europa— a una muerte civil”, denunció Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas, quien agradeció la elaboración de un informe sobre la situación de los sancionados, realizado por la Coalición para la Corte Penal Internacional.

“Si Australia, Túnez o cualquier otro Estado impusieran sanciones a alguien, no se aplicarían fuera de ese país. Pero cuando se trata de bancos, como Europa no tiene verdadera soberanía bancaria, nuestros bancos en Europa corren el riesgo de ser acusados de cometer un delito grave”, explicó Albanese, refiriéndose a su imposibilidad de acceder a sus propios ingresos en cuentas bancarias europeas. Por esta situación su familia interpuso recientemente una querella en Estados Unidos contra Trump y el Secretario de Estado, Marco Rubio.

Tanto ella como los representantes de las organizaciones palestinas sancionadas —Al Haq, Al Mezam y el Centro Palestino para los Derechos Humanos— enfatizan que “es Israel el que está cometiendo crímenes”, “nosotros somos los que los investigamos”. Sin embargo, son ellos los que están recibiendo presiones, persecución y castigo: “Nos colocan junto a narcotraficantes y criminales, en el mismo saco”.

Hace tan solo unos días Francia negó la entrada al director de Al Haq, quien tenía previsto participar en una conferencia en París. Esta organización, al igual que las otras dos mencionadas, lleva décadas realizando tareas de investigación en los territorios palestinos y presentando demandas en los tribunales.

Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo en materia de derecho y justicia 

También recientemente la relatora de la ONU, Francesca Albanese, fue objeto de una campaña de difamación en su contra, en la que participaron varios ministros de Exteriores de la UE pidiendo su dimisión. “Cuando Albanese expone los crímenes israelíes, algunos Estados de la UE exigen su renuncia”, señala Claudio Francavilla, de HRW. El precio de respaldar la aplicación del derecho internacional es cada vez más alto, no solo en suelo estadounidense, también aquí, en esta Europa de doble rasero. 

“Esperábamos recibir señales alentadoras en Bruselas, pero salimos completamente frustrados”, explica el director de Al Mezam, Issam Younis. “Es el viejo juego: en Bruselas nos dicen que el problema está en las capitales y en las capitales nos dicen que está en Bruselas. Y así, por defecto, Europa no está cumpliendo con su papel en materia de derecho, de rendición de cuentas y de justicia”, denuncia. 

“Por favor, apoyen esta campaña, porque resulta chocante ver que hay funcionarios estatales que ni siquiera saben que hemos sido sancionados”, reclama la relatora de la ONU. Y añade: “Hay personas que tienden a ser cobardes o que no se dan cuenta de que forman parte del sistema. Piensan que tramitando papeles no están haciendo nada, que no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema. No hay espectadores neutrales cuando se trata de un genocidio”. 

Hay personas que no se dan cuenta de que forman parte, piensan que tramitando papeles no contribuyen. Pero no es así. Hoy, en tiempos de genocidio, si no formas parte de la solución, formas parte del problema.

En tiempos de genocidio, la inacción es una contribución a los crímenes y supone una vulneración del derecho internacional. La Unión Europea sigue apostando por sostener su imagen dando dinero para la reconstrucción, pero sin molestar en la fase de destrucción. No desplegó las herramientas obligadas para evitar la destrucción de hospitales, escuelas y personas y sigue sin hacerlo. “El ciclo que financia la Unión Europea es reconstruir, bombardear de nuevo, reconstruir, bombardear de nuevo, ese ciclo aviva la impunidad”, denuncia Claudio Francavilla, responsable de Human Rights Watch para la UE.

Los negocios y las alianzas preferenciales de la UE con Tel Aviv siguen adelante mientras Israel viola el alto el fuego en Gaza y Líbano, mata a más de 2.500 personas en las últimas semanas —incluidos niños y niñas— incrementa sus asentamientos en Cisjordania, transfiere población a los territorios ocupados, extiende su presencia militar en el sur de Líbano y justifica sus bombardeos ilegales contra Irán.

La población de Gaza vive apelotonada en menos de un tercio del territorio, hacinada, arrinconada y vigilada por el Ejército israelí, que ocupa más de la mitad de la Franja. Cientos de miles de personas habitan en tiendas de campaña, sin los nutrientes necesarios, sin atención médica adecuada, sufriendo frío, calor, humedad y ratas que, literalmente, están provocando heridas y enfermedades. 

 En 2024 numerosas voces alertaron de que, si no se actuaba frente a los crímenes israelíes, el mundo podría acostumbrarse a ellos, por repetición. Dos años después, asistimos a un retroceso de derechos y libertades en Europa para acallar las protestas, las matanzas y el apartheid continúan y tenemos a máximos representantes del derecho internacional sancionados y desprotegidos, en suelo europeo. No hay la reacción que merecen. Esta indiferencia contribuye activamente a la debilitación de las herramientas jurídicas creadas para proteger los intereses de las mayorías sociales del planeta. 

Los dirigentes hablan de alto el fuego, pero no hay un alto el fuego real, ni en Gaza ni en Líbano. La 'Junta de Paz' de Trump no es de paz y las negociaciones no son realmente negociaciones, sino imposiciones. Pero los crímenes siguen siendo crímenes, mientras la UE realiza malabarismos comunicativos para que las palabras sean percibidas como hechos y las complicidades sigan siendo invisibles. 

 

Extremadura

 

                                                                                                El Español

                    EXTREMADURA: UN PACTO INMORAL

Antonio Escudero

Tribuna
21/4/2026

El Contrato Social es la base de la democracia. Forma gobierno quien obtiene la mayoría parlamentaria, pero ese gobierno no puede violar la Constitución ni las leyes vigentes. Pese a ello, PP y VOX acaban de pactar en Extremadura un programa repleto de propuestas ilegales en unos casos e irresponsables en otros. Entre las ilegales, las que guardan relación con la inmigración y entre las irresponsables, evitar que se instalen infraestructuras de energía solar y eólica y modificar la progresividad fiscal por citar sólo dos. Podría enumerar los artículos de la Constitución y las leyes españolas y europeas que vulneran las propuestas relacionadas con los inmigrantes, pero prefiero centrar este breve artículo de opinión en algo que considero más profundo porque constituye el fundamento de nuestra constitución y legislación: la ética.  

En la página 8 del documento pactado por PP y Vox se lee: “Se pondrá en marcha un plan integral de mejora del sistema sanitario de Extremadura, orientado a reforzar la calidad asistencial, reducir los tiempos de espera, optimizar los recursos disponibles y garantizar una atención accesible y de calidad para los españoles”. Más adelante (páginas 18 y 19), se lee: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este sistema, adecuado a la legalidad vigente, incluirá: (….) la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”. En román paladino: el primer párrafo deja fuera del sistema sanitario público extremeño a todo ciudadano que no tenga la nacionalidad española y el segundo establece que un inmigrante ilegal recibirá asistencia médica sólo si se halla en trance inminente de perder la vida.

 “Actúa solo según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal." Así definió Kant el imperativo categórico, fundamento de una ética basada en la razón y ajena, pues, a religiones, ideologías, tradiciones, emociones y deseos. Dicho esto, contestaré a una pregunta haciendo uso del imperativo categórico. ¿Es ético negar la asistencia médica a un ser humano por el hecho de ser extranjero o hacerlo sólo en el caso de que esté en peligro de muerte? No, porque cualquier persona quedaría sin asistencia médica fuera de su país, vulnerándose el deber de auxilio entre seres humanos y el respeto a la dignidad de toda persona como fin en sí misma y no como medio para que otros logren sus objetivos.

¿Qué moral hay, pues, detrás del documento pactado por PP y VOX? Prefiero no definirla, pero resulta evidente que se fundamenta en que la dignidad humana de un extranjero posee menos valor que la de un español. 

La tecno-oligarquía y el futuro de la libertad

 

                                                                        EFE/Leonor Trinidad

Palantir y el fin de la democracia tal como la conocemos

Alberto Garzón Espinosa
Eldiario.es
22/4/2026

El historiador económico Karl Polanyi explicó magistralmente en La Gran Transformación que el dilema mercado-Estado, según el cual hay que elegir entre alguno para asignar bien los recursos, es falso. En realidad, los mercados nunca existieron al margen del Estado y, de hecho, fueron creados deliberadamente por su mano; la mayor parte de las veces mediante una violencia sin cuartel contra las clases populares —como ocurrió con los cercamientos de tierras— y las poblaciones aborígenes —ya que las instituciones occidentales se abrieron paso en el mundo empujadas por los sables y pólvora de los ejércitos imperiales—. El mercado no es, como dicen los liberales, una institución natural.

Tirando de ese hilo, el historiador Quinn Slobodian describió en Hayek's Bastards una historia muy distinta a la habitual respecto a los orígenes del neoliberalismo. Frente a la narrativa convencional que asegura que el neoliberalismo fue principalmente un proyecto ideológico que quería desregular el mercado —porque, supuestamente, era mejor opción a que el Estado dirigiera la economía—, Slobodian recuerda que los mercados siempre están regulados. El verdadero motivo del neoliberalismo era aislar las decisiones económicas de la voluntad popular, independizarlas a fin de que las pasiones propias de la democracia no interfirieran en la asignación óptima de recursos que facilitarían los mercados.

La Unión Europea actual es producto de ese tiempo histórico neoliberal, lo que se expresa con mayor claridad en el carácter antidemocrático del Banco Central Europeo. A pesar de que esta institución es la encargada de gestionar la política monetaria —y, por ejemplo, puede influir en el “precio” de nuestras hipotecas—, en el ejercicio de sus funciones es independiente del poder político y, de hecho, tiene prohibida por ley la financiación directa de los Estados —una opción que era habitual entre los bancos centrales anteriores—. La lógica de fondo es obvia: la gestión de la política monetaria es demasiado importante como para dejarla a merced de los deseos de la ciudadanía; mucho mejor que sean unos tecnócratas los que estén al mando. Esa idea de externalizar la responsabilidad hacia una entidad independiente, aunque pública, estaba en el corazón de las tesis neoliberales y del espíritu de Friedrich Hayek. El resultado no era un súper-Estado, sino, como afirmó Perry Anderson, un infra Estado: uno en el que las instituciones evitan la interferencia popular en los mercados.

Esta tensión entre los deseos de las mayorías y los límites impuestos desde arriba ha sido consustancial a la evolución misma de la democracia. Ya en la antigua Grecia, la disputa entre las facciones radicales —Solón, Efialtes, Pericles— y las conservadoras —Aristóteles, Platón— giraba en torno al alcance del “demos” y a los asuntos sobre los que podía legítimamente decidir; instituciones como el Senado nacieron precisamente del interés aristocrático por frenar las pulsiones populares. El Estado de Derecho moderno es heredero directo de esa tensión: un constructo histórico que canaliza mediante reglas —habitualmente constitucionales— lo que las mayorías pueden o no decidir. Pero no todos los Estados de Derecho son iguales. Autores progresistas como Luigi Ferrajoli defienden la existencia de una esfera de lo indecidible que blinde las libertades personales y los derechos sociales, entendidos como condición necesaria de la democracia misma. Los neoliberales, en cambio, prefieren sustraer del ámbito democrático las decisiones económicas. Lo indecidible, según quién lo defina, protege al ciudadano o lo desarma.

Sin embargo, el neoliberalismo tal y como lo conocimos desde los años ochenta del siglo pasado hasta la crisis financiera de 2008, ha muerto. Lo que le está sustituyendo es, como el propio Slobodian ha venido señalando en sus trabajos más recientes, un populismo autoritario con raíces neoliberales. Se trata de una formación política inédita que articula cuatro elementos: un ejecutivo fuerte dispuesto a intervenir en la economía, un proteccionismo selectivo de corte neomercantilista, una concepción muy restrictiva de los derechos humanos y una oligarquía tecnológica que aspira a fundirse con el aparato del Estado. Conserva el desprecio neoliberal por la soberanía popular, pero abandona su fachada liberal. Y ningún lugar mejor para verlo que en Estados Unidos, donde el neomercantilismo exterior de Donald Trump se ha casado con el liberalismo autoritario de los tecno-oligarcas.

Hace unos días la empresa Palantir, fundada por el multimillonario reaccionario Peter Thiel y ahora dirigida por su igual Alex Karp, publicó un manifiesto terrorífico, si bien meridiano, exponiendo su punto de vista. Palantir es una empresa tecnológica y una fábrica de armas para las guerras contemporáneas —drones, espionaje digital, inteligencia artificial, etc.— que lleva varios años obteniendo suculentos contratos, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha acusado a la empresa de colaborar en los crímenes de guerra del ejército de Israel, mientras que está acreditada su participación en la guerra en Irán. 

No obstante, no se trata de un fenómeno circunscrito a Estados Unidos. Palantir ha firmado contratos con los ministerios de defensa de Alemania, Francia y Reino Unido, opera incluso en la infraestructura de datos del servicio de salud británico (NHS) y aspira a integrarse en la infraestructura digital de la propia Unión Europea. A ello se suma una dependencia estructural respecto a un puñado más amplio de corporaciones estadounidenses cada vez más alineadas con el proyecto político de Trump y sus aliados tecno-oligárquicos —Peter Thiel, fundador de Palantir, financió con 15 millones de dólares la campaña de J.D. Vance al Senado—. La dependencia tecnológica se convierte así, inevitablemente, en dependencia política.

El manifiesto de Palantir es claro en sus intenciones, ya que plantea que no deben ser ya los Estados quienes se ocupen de elementos cruciales de la guerra, sino las empresas tecnológicas. Hoy en día, la tecnología de la empresa ya se encuentra detrás de la decisión automatizada de identificar enemigos, enviar drones, asesinar a los objetivos y volver a la base. Pero lo que estos tecno-oligarcas quieren es ir más allá, pues su cosmovisión implica también un fuerte rechazo del pluralismo, de la diversidad cultural y de aquellos valores que amenacen el estilo de vida americano. En este sentido, los intereses de estas corporaciones gigantes están perfectamente alineados con los de Donald Trump y su gobierno. Y comparten, asimismo, la idea de que la democracia contemporánea no es compatible con tales aspiraciones; o, como ellos dicen, que la “democracia” solo puede salvarse si se transforma a partir de la integración de estas grandes empresas tecnológicas en el corazón del Estado, y se emplea una intervención militar más activa tanto en el exterior como en el interior —estas tecnologías también se están aplicando en la identificación de migrantes indocumentados en el contexto de la política anti-inmigración de Estados Unidos—.

El desafío es enorme, y sin embargo apenas forma parte de la conversación política cotidiana. Desde luego, podemos decir que está en juego la soberanía europea, debido a la dependencia tecnológica respecto a una élite tecno-oligárquica asentada al otro lado del Atlántico y cada vez más entrelazada con el aparato de poder estadounidense. Pero también está amenazada la democracia tal y como la hemos conocido. Si Europa no articula una respuesta estratégica que recupere capacidad soberana en los sectores críticos —energía, defensa, datos, infraestructura digital, inteligencia artificial— y que, al mismo tiempo, reafirme ese núcleo indecidible de derechos que Ferrajoli identificaba como condición de posibilidad de la democracia, el riesgo es evidente: una deriva sostenida hacia regímenes autoritarios de nuevo cuño, ya no basados en el terror en clave fascista sino en una vigilancia algorítmica omnipresente, en la identificación automatizada de disidentes y migrantes, y en una arquitectura de control ciudadano operada por corporaciones privadas cuyos dueños desprecian abiertamente el pluralismo. 

Conviene insistir en una cosa central: esto no pertenece a una distopía lejana. En efecto, los sistemas ya están funcionando en Gaza, en Irán, en el Canal de la Mancha y en los hospitales británicos. La tensión que describieron Polanyi y Slobodian —entre mercado y democracia, entre soberanía popular y aislamiento tecnocrático— entra así en una fase nueva y cualitativamente más peligrosa. El neoliberalismo sustraía la economía al juicio de la ciudadanía. Lo que viene pretende sustraer al ciudadano mismo.

OTRA ANDALUCÍA

 Un texto del escritor Coradino Vega publicado en EL PAÍS el pasado 21 de Abril.

El orgullo por lo autóctono no siempre ha sabido distinguir entre cultura popular y folclore populista. A uno le gustaría que su tierra recordase su mejor tradición: su humildad trabajadora, sus Cortes de Cádiz y Antonio Machado.

Es una buena noticia que la candidata socialista a las elecciones autonómicas de Andalucía centre su discurso en la defensa de los servicios públicos en lugar de aquel primer anuncio de una “ley de lenguas andaluzas”. Para quienes nacimos y vivimos en esa tierra, es difícil concluir que el dialecto andaluz esté amenazado por algún motivo y necesite más protección que la que le dan persistentemente las instituciones regionales, provinciales y municipales, respaldadas por la infatigable colaboración de Canal Sur. Desde que se restableció la democracia, han sido numerosas las personalidades que, con Felipe González a la cabeza, han dignificado su acento hasta darle curso de normalidad; y lo han hecho sin afectación, combatiendo los tópicos y los complejos con naturalidad, sin ese marchamo forzoso tan notorio en la televisión y la radio autonómicas. Lejos queda aquella identificación caricaturesca de los rasgos del andaluz con la incultura y la exclusión, como podía observarse en las viejas traducciones de las novelas de Carson McCullers o los cuentos de Flannery O’Connor, en las que los negros del sur de Estados Unidos hablaban como si fueran de la costa onubense o la campiña sevillana.

En Andalucía, no hay apenas rastro de partidos nacionalistas porque todas las fuerzas políticas, sean de la ideología que sean, han adoptado el andalucismo de un modo u otro. Sin embargo, ese orgullo por lo autóctono no siempre ha sabido distinguir entre cultura popular y folclore populista. Porque si la primera es valiosa, el otro obedece al oportunismo. En una región en la que la separación entre Iglesia y Estado queda más que diluida, como corrobora que siga siendo la segunda comunidad con más alumnos que cursan la asignatura de Religión en un contexto nacional de declive, no hay Semana Santa, romería beoda o fiesta religioso-popular en la que no aparezcan alcaldes o cargos con la medalla de una virgen colgada del cuello, presidiendo una procesión vara en mano, u oficiando ceremonias codo con codo con representantes eclesiásticos y, muchas veces también, policiales y militares. Esa imagen tan extendida es en particular chocante cuando tales políticos pertenecen a partidos de izquierdas que supuestamente defienden o deberían defender un enfoque laico de la actividad pública.

Y ese es quizás el tópico que la candidata socialista podría combatir, en vez de focalizar el debate en el habla andaluza, haciendo autocrítica por lo mucho que ha contribuido y sigue contribuyendo su partido, ya sea desde la Junta, las diputaciones o los ayuntamientos, a cimentar el estereotipo de una España, más aquí que en cualquier otro sitio, tan devota aún de Frascuelo y de María. Así las cosas, mientras el presidente Moreno Bonilla asistía, inmediatamente después de participar de forma activa en la Semana Santa malagueña, a la inauguración de la temporada taurina en la plaza de la Maestranza de Sevilla (en la que, por cierto, se vitoreó al rey emérito), pocos metros más arriba, en el mismo paseo de Colón sevillano, la orquesta sinfónica de la ciudad continuaba luchando por conservar su programa ante una financiación y un público insuficientes sin que casi nadie le haga mucho caso.

Pero hay un segundo motivo por el que acierta María Jesús Montero en su defensa de lo público más sustancioso y pasa por que, detrás de la suave amabilidad y las formas cercanas que explota Juanma Moreno, como él mismo prefiere que lo llamen, y las cuales son de agradecer, dadas las circunstancias, late una gestión que responde rigurosamente a un criterio de eficiencia privada. El escándalo de los cribados de cáncer de mama alcanza tanta magnitud no solo por el daño irreparable producido a las perjudicadas, sino porque desvela a la perfección los efectos de entender la sanidad pública desde parámetros empresariales: las consecuencias de los recortes y su “externalización” cada vez menos encubierta. Revertir ese proceso que parece imparable es urgente, pero para denunciarlo con credibilidad también es preciso hacer autocrítica de los primeros pasos que dio el último Gobierno de Susana Díaz en esa línea y recordar cuál fue su precio.

Del mismo modo, la crítica que hace María Jesús Montero de la apuesta de Moreno Bonilla por la educación privada, como muestra la creación de una Dirección General para la Enseñanza Concertada, el cierre de líneas en colegios públicos ante el descenso de la natalidad o la proliferación de universidades y ciclos de Formación Profesional privados, es certera porque revela con claridad la actitud que siempre ha tenido el PP en esa materia: detrás de la cordialidad más o menos auténtica están las políticas que, por mucho que se intenten camuflar, parten de premisas ideológicas. Andalucía es una región a la que le gusta hacer gala de su tradición. Sin embargo, hay muchas tradiciones. Y a uno le gustaría que, con más frecuencia, su tierra se acordase de lo mejor de su pasado: de su humildad trabajadora, sus Cortes de Cádiz y Antonio Machado; y que aspirara a una ilustración moderna que apueste más por el silencio de los carriles bici que por el ruido de la charanga y la pandereta.

Coradino Vega es escritor. Su último libro es Entre mujeres (Galaxia Gutenberg).

Sevilla, ese chiringuito de feria

 

Porque en Sevilla no es que pasen cosas: es que pueden pasar… y no pasa nada.

Un texto de Amparo Graciani sobre la Feris, Sevilla y las lógicas de poder que las atraviesan.

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Franco vive 80 años después en Cádiz.

 

El mayor humedal de España se seca intencionadamente tan solo un mes después del récord de lluvias

                                    Vista del estado actual de una zona de La Janda, donde se encontraba el mayor humedal de España.

El País. 20/4/2026

Texto: Raúl Limón
Foto: Antonio Alba

La Janda, en Cádiz, pierde el agua acumulada por los sistemas de desecación que instauró Franco para ceder las tierras a latifundistas, hoy permitido por las Administraciones

La Janda (Cádiz), el mayor humedal de la Península Ibérica y el complejo lagunar más meridional de Europa, se ha secado tan solo un mes después del récord de precipitaciones registrado en la zona. Mientras España acumula una reserva hídrica media del 83,7% de su capacidad total y la cuenca de Guadalete-Barbate, a la que pertenece La Janda, hasta tres puntos más, las 6.125 hectáreas inundables y declaradas de dominio público en esta comarca gaditana vuelven al estado en las que las dejó la dictadura franquista cuando, con la excusa de combatir el paludismo (malaria), desecó una superficie similar a París o a 10 veces la ciudad de Cádiz para destinarla a cultivos. Lo perpetró en este enclave andaluz, Galicia (Lagoa de Antela) y Castilla y León (La Nava). En algunas zonas afectadas se han puesto en marcha incipientes procesos de restauración, pero en Andalucía, los desagües artificiales construidos durante el franquismo aún siguen abiertos y destrozando uno de los humedales más importantes de Europa para favorecer a grandes explotaciones agrícolas.

La Janda se ha secado porque así lo decidió el dictador Francisco Franco a mediados de los años cuarenta y nadie lo ha revertido en ocho décadas. Con el pretexto de prevenir las enfermedades transmitidas por los mosquitos, desarrolló un eficaz sistema para vaciar grandes lagunas que, en algunas zonas, según relata Antonio Aguilera, economista, naturalista y secretario general de la Fundación Savia, “cuentan con desagües por los que caben camiones”. El aprovechamiento de gran parte de la zona desecada se concedió a familias del régimen (cientos de hectáreas son explotadas por Las Lomas, entidad de la familia Mora-Figueroa Domecq) que están hoy entre las mayores perceptoras de ayudas agrícolas europeas. A pesar de que el Tribunal Supremo reconoció en 1967 que más de 6.000 hectáreas son del Estado, ninguna Administración ha ejecutado su recuperación.

El efecto en la comarca gaditana y en otros dos sistemas lagunares donde aplicó la misma política depredadora de agua (Nava y Antela) no fue solo la destrucción de humedales que la investigadora de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) Margarita Florencio califica de “oasis de vida que albergan una fauna y flora singulares, únicas y en gran parte amenazadas”. La desecación expulsó a entre el 50% y el 60% de la población y dejó a medio centenar de municipios sin recursos de prosperidad comunitaria. “Fue un error histórico, pero se puede revertir”, afirma Aguilera.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (Miteco), ha propuesto una mesa de diálogo para la recuperación de este y otros humedales, como exige y financia la Unión Europea. El secretario general de agua, Ramiro Angulo (Junta de Andalucía), se mostró dispuesto, según expuso en una reunión el pasado 16 de abril. Sin embargo, según detalla Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, uno de los colectivos implicados en la recuperación de la Janda, estas declaraciones se contradicen con el documento previo a la ordenación de la cuenca Guadalete-Barbate hasta 2033, de responsabilidad autonómica, donde “no se considera” la regeneración de la laguna. En este sentido, la fundación Savia ha reclamado “que se incluya la recuperación de La Janda en los planes de cuenca” y los de ordenación del territorio a partir de su declaración judicial como de dominio público y del apoyo de decenas de entidades, todos los ayuntamientos de la zona y la Diputación de Cádiz.

Como las mesas de diálogo de las Administraciones rara vez culminan en resoluciones eficaces, una decena de entidades conservacionistas, con la colaboración del Ayuntamiento de Barbate, ha resuelto asumir la gestión de una parte de la zona comunitaria conocida como Hazas de la Suerte para “demostrar, con la propia experiencia y la implicación, que es factible, viable y beneficioso” recuperar la laguna, según ha trasladado Casero al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en un escrito del pasado febrero.

La iniciativa tiene su referente en la que promueve Fernando Jubete, de la Asociación de Naturalistas Palentinos, en La Nava (Palencia), también desecada por el franquismo. Jubete relata que el 60% de la población emigró con la pérdida de este recurso y que se propuso, en los años noventa, recuperar 500 hectáreas que quedaron en gran parte como pastizales municipales. “Empezamos por 60 hectáreas y el proyecto fue un éxito rápidamente”, explica. Al contrario que con La Janda en Andalucía, la Nava sí fue incluida en el anterior plan hidrológico de cuenca como una zona a restaurar y el Gobierno se implicó en todo el programa, incluyendo presupuesto. Aún quedan cosas por hacer, pero Jubete adelanta que “la recuperación ya ha generado riqueza y empleo”: “La biodiversidad y los humedales, y eso nadie lo pone en duda a estas alturas, suponen un auténtico cambio socioeconómico”.

También ha emprendido este camino la Laguna de La Antela (Ourense), víctima también del franquismo. Serafín González, es naturalista y presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, que, en colaboración con un ganadero local y una comunidad de montes vecinales, ha recuperado 30 hectáreas, menos de un 1% de la extensión que arrasó el dictador. “Esta iniciativa es para nosotros muy importante porque hemos demostrado que se puede colaborar con la población local para mantener y recuperar una zona beneficiando a todos, a la biodiversidad y a la ganadería sostenible”, afirma González.

De la zona también se marchó un 60% de los vecinos por los planes para favorecer un modelo de desarrollo de transformaciones agrícolas intensivas. “No sirvió en absoluto para estabilizar la población y mejorar sus condiciones”, lamenta.

El efecto pernicioso generalizado sobre los humedales de esta agricultura intensiva, unida a los factores climáticos, lo ha puesto de manifiesto un equipo de la Estación Biológica de Doñana y la Universidad Autónoma de Madrid, que ha documentado, en un estudio publicado en Journal of Environmental Management, la desaparición del 22% de las lagunas temporales de la España peninsular en las últimas dos décadas. “Los impactos derivados de la acción humana se podrían evitar si se toman medidas adecuadas”, concluye la investigación.

Florencio, la investigadora del CSIC coautora del estudio, señala los humedales como “hábitats prioritarios para la conservación por su gran biodiversidad y su extrema vulnerabilidad ante cambios en su entorno”. “España alberga una de las mayores representaciones de este tipo de hábitat en Europa, por lo que tenemos un papel importante en su conservación”, explica.

Durante el estudio de 1.303 lagunas temporales durante dos años, a partir de imágenes de Google Earth Pro de alta resolución espacial, se observó que un alto porcentaje de ellas, en concreto cerca del 22%, había desaparecido, según informa el CSIC.

“La mayoría de estos impactos son de origen agrícola, como el arado de bordes y cubetas, las canalizaciones y los ahondamientos artificiales”, afirma Christian Arnanz, investigador de la UAM y la EBD y coautor del artículo. “A estos se suman otras amenazas como la colonización de las cubetas por vegetación terrestre, la urbanización, la presencia de ganado con evidencias de estabulación y el rodaje de vehículos”. Además, estos impactos suelen estar asociados a otros impactos no detectables con la metodología utilizada —como la sobreexplotación de acuíferos y la exposición a agroquímicos— lo que sugiere un alcance de degradación aún mayor

El estudio también ha constatado una reducción de la frecuencia de inundación de estas lagunas, especialmente en los meses de otoño. Este fenómeno se asocia tanto a factores climáticos, como temperaturas máximas y precipitaciones acumuladas, como a las principales prácticas agrícolas intensivas identificadas, especialmente el arado de las cubetas y la presencia de canalizaciones.

Pero el grupo de investigadores, al igual que los impulsores de la regeneración de espacios desecados por el franquismo, considera que la situación es reversible. “Los impactos que hemos observado derivados de la acción humana se podrían evitar si se toman medidas adecuadas”, afirma Arnanz. Se refiere a aumentar las zonas protegidas, monitorizar el territorio, implicar a la sociedad e implementar incentivos económicos para asegurar prácticas agrícolas que beneficien al humedal.

Los autores del trabajo coinciden con los implicados en La Janda, La Nava y Antela en que es prioritaria la restauración de las lagunas desaparecidas y la recuperación del funcionamiento hidrológico de las zonas alteradas.

“Las lagunas temporales son un patrimonio natural incalculable. Además de su valor ecológico, aportan importantes beneficios a la sociedad, como la regulación del clima a escala local, el almacenamiento de carbono, el control de nutrientes y la conservación de la biodiversidad. También constituyen espacios de gran valor paisajístico y cultural. Es importante despertar la concienciación social para la conservación de estos ecosistemas únicos que conforman nuestro patrimonio natural, para que así todas las generaciones los podamos disfrutar”, concluye Florencio.