Antonio Ramírez de Arellano
Antonio Valverde Asencio
El papel que juegan, o, mejor, que deben jugar, los partidos políticos en un Estado democrático, que ha de garantizar, para serlo realmente, la participación de la ciudadanía, es una cuestión básica que parece diluida en la realidad en que vivimos. Como sabemos, en la definición constitucional, esta participación se articula principalmente, aunque no únicamente, a través de los partidos, cuyo funcionamiento debe ser democrático, insiste la Carta Magna. De la misma forma, encomienda la defensa institucional de los derechos e intereses de trabajadores y empresarios a las organizaciones sindicales y empresariales.
Son (debieran ser) los partidos los primeros interesados en preservar este rol esencial que les atribuye la Constitución. Lejos de ser un mero texto declarativo, tiene, dentro de su Título Preliminar, carácter verdaderamente fundacional del Estado. Cómo se articula esa forma de participación corresponde a cada organización de acuerdo con sus estatutos, normas que han de respetar el referido mandato constitucional de garantizar su democracia interna. Deben, además, asegurar la posibilidad de articular propuestas políticas a la sociedad en el marco de los planteamientos ideológicos que correspondan.
Sin embargo, la ciudadanía no percibe esta función esencial y, lo que es seguramente más grave, tampoco parece que sea asumida como una cuestión principal por parte de la dirección de los partidos. Estos se están convirtiendo auténtica y casi exclusivamente en plataformas, basadas en el marketing y en la estrategia electoral, confundiendo el medio – conectar eficazmente con la ciudadanía, que es un objetivo legítimo – con el fin, que queda circunscrito a lograr o mantener el poder, sin otras consideraciones.
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