jueves, 23 de abril de 2026

La tecno-oligarquía y el futuro de la libertad

 




                                                                        EFE/Leonor Trinidad


Palantir y el fin de la democracia tal como la conocemos


Alberto Garzón Espinosa
Eldiario.es
22/4/2026


El historiador económico Karl Polanyi explicó magistralmente en La Gran Transformación que el dilema mercado-Estado, según el cual hay que elegir entre alguno para asignar bien los recursos, es falso. En realidad, los mercados nunca existieron al margen del Estado y, de hecho, fueron creados deliberadamente por su mano; la mayor parte de las veces mediante una violencia sin cuartel contra las clases populares —como ocurrió con los cercamientos de tierras— y las poblaciones aborígenes —ya que las instituciones occidentales se abrieron paso en el mundo empujadas por los sables y pólvora de los ejércitos imperiales—. El mercado no es, como dicen los liberales, una institución natural.

Tirando de ese hilo, el historiador Quinn Slobodian describió en Hayek's Bastards una historia muy distinta a la habitual respecto a los orígenes del neoliberalismo. Frente a la narrativa convencional que asegura que el neoliberalismo fue principalmente un proyecto ideológico que quería desregular el mercado —porque, supuestamente, era mejor opción a que el Estado dirigiera la economía—, Slobodian recuerda que los mercados siempre están regulados. El verdadero motivo del neoliberalismo era aislar las decisiones económicas de la voluntad popular, independizarlas a fin de que las pasiones propias de la democracia no interfirieran en la asignación óptima de recursos que facilitarían los mercados.

La Unión Europea actual es producto de ese tiempo histórico neoliberal, lo que se expresa con mayor claridad en el carácter antidemocrático del Banco Central Europeo. A pesar de que esta institución es la encargada de gestionar la política monetaria —y, por ejemplo, puede influir en el “precio” de nuestras hipotecas—, en el ejercicio de sus funciones es independiente del poder político y, de hecho, tiene prohibida por ley la financiación directa de los Estados —una opción que era habitual entre los bancos centrales anteriores—. La lógica de fondo es obvia: la gestión de la política monetaria es demasiado importante como para dejarla a merced de los deseos de la ciudadanía; mucho mejor que sean unos tecnócratas los que estén al mando. Esa idea de externalizar la responsabilidad hacia una entidad independiente, aunque pública, estaba en el corazón de las tesis neoliberales y del espíritu de Friedrich Hayek. El resultado no era un súper-Estado, sino, como afirmó Perry Anderson, un infra Estado: uno en el que las instituciones evitan la interferencia popular en los mercados.

Esta tensión entre los deseos de las mayorías y los límites impuestos desde arriba ha sido consustancial a la evolución misma de la democracia. Ya en la antigua Grecia, la disputa entre las facciones radicales —Solón, Efialtes, Pericles— y las conservadoras —Aristóteles, Platón— giraba en torno al alcance del “demos” y a los asuntos sobre los que podía legítimamente decidir; instituciones como el Senado nacieron precisamente del interés aristocrático por frenar las pulsiones populares. El Estado de Derecho moderno es heredero directo de esa tensión: un constructo histórico que canaliza mediante reglas —habitualmente constitucionales— lo que las mayorías pueden o no decidir. Pero no todos los Estados de Derecho son iguales. Autores progresistas como Luigi Ferrajoli defienden la existencia de una esfera de lo indecidible que blinde las libertades personales y los derechos sociales, entendidos como condición necesaria de la democracia misma. Los neoliberales, en cambio, prefieren sustraer del ámbito democrático las decisiones económicas. Lo indecidible, según quién lo defina, protege al ciudadano o lo desarma.

Sin embargo, el neoliberalismo tal y como lo conocimos desde los años ochenta del siglo pasado hasta la crisis financiera de 2008, ha muerto. Lo que le está sustituyendo es, como el propio Slobodian ha venido señalando en sus trabajos más recientes, un populismo autoritario con raíces neoliberales. Se trata de una formación política inédita que articula cuatro elementos: un ejecutivo fuerte dispuesto a intervenir en la economía, un proteccionismo selectivo de corte neomercantilista, una concepción muy restrictiva de los derechos humanos y una oligarquía tecnológica que aspira a fundirse con el aparato del Estado. Conserva el desprecio neoliberal por la soberanía popular, pero abandona su fachada liberal. Y ningún lugar mejor para verlo que en Estados Unidos, donde el neomercantilismo exterior de Donald Trump se ha casado con el liberalismo autoritario de los tecno-oligarcas.

Hace unos días la empresa Palantir, fundada por el multimillonario reaccionario Peter Thiel y ahora dirigida por su igual Alex Karp, publicó un manifiesto terrorífico, si bien meridiano, exponiendo su punto de vista. Palantir es una empresa tecnológica y una fábrica de armas para las guerras contemporáneas —drones, espionaje digital, inteligencia artificial, etc.— que lleva varios años obteniendo suculentos contratos, sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos. Amnistía Internacional ha acusado a la empresa de colaborar en los crímenes de guerra del ejército de Israel, mientras que está acreditada su participación en la guerra en Irán. 

No obstante, no se trata de un fenómeno circunscrito a Estados Unidos. Palantir ha firmado contratos con los ministerios de defensa de Alemania, Francia y Reino Unido, opera incluso en la infraestructura de datos del servicio de salud británico (NHS) y aspira a integrarse en la infraestructura digital de la propia Unión Europea. A ello se suma una dependencia estructural respecto a un puñado más amplio de corporaciones estadounidenses cada vez más alineadas con el proyecto político de Trump y sus aliados tecno-oligárquicos —Peter Thiel, fundador de Palantir, financió con 15 millones de dólares la campaña de J.D. Vance al Senado—. La dependencia tecnológica se convierte así, inevitablemente, en dependencia política.

El manifiesto de Palantir es claro en sus intenciones, ya que plantea que no deben ser ya los Estados quienes se ocupen de elementos cruciales de la guerra, sino las empresas tecnológicas. Hoy en día, la tecnología de la empresa ya se encuentra detrás de la decisión automatizada de identificar enemigos, enviar drones, asesinar a los objetivos y volver a la base. Pero lo que estos tecno-oligarcas quieren es ir más allá, pues su cosmovisión implica también un fuerte rechazo del pluralismo, de la diversidad cultural y de aquellos valores que amenacen el estilo de vida americano. En este sentido, los intereses de estas corporaciones gigantes están perfectamente alineados con los de Donald Trump y su gobierno. Y comparten, asimismo, la idea de que la democracia contemporánea no es compatible con tales aspiraciones; o, como ellos dicen, que la “democracia” solo puede salvarse si se transforma a partir de la integración de estas grandes empresas tecnológicas en el corazón del Estado, y se emplea una intervención militar más activa tanto en el exterior como en el interior —estas tecnologías también se están aplicando en la identificación de migrantes indocumentados en el contexto de la política anti-inmigración de Estados Unidos—.

El desafío es enorme, y sin embargo apenas forma parte de la conversación política cotidiana. Desde luego, podemos decir que está en juego la soberanía europea, debido a la dependencia tecnológica respecto a una élite tecno-oligárquica asentada al otro lado del Atlántico y cada vez más entrelazada con el aparato de poder estadounidense. Pero también está amenazada la democracia tal y como la hemos conocido. Si Europa no articula una respuesta estratégica que recupere capacidad soberana en los sectores críticos —energía, defensa, datos, infraestructura digital, inteligencia artificial— y que, al mismo tiempo, reafirme ese núcleo indecidible de derechos que Ferrajoli identificaba como condición de posibilidad de la democracia, el riesgo es evidente: una deriva sostenida hacia regímenes autoritarios de nuevo cuño, ya no basados en el terror en clave fascista sino en una vigilancia algorítmica omnipresente, en la identificación automatizada de disidentes y migrantes, y en una arquitectura de control ciudadano operada por corporaciones privadas cuyos dueños desprecian abiertamente el pluralismo. 

Conviene insistir en una cosa central: esto no pertenece a una distopía lejana. En efecto, los sistemas ya están funcionando en Gaza, en Irán, en el Canal de la Mancha y en los hospitales británicos. La tensión que describieron Polanyi y Slobodian —entre mercado y democracia, entre soberanía popular y aislamiento tecnocrático— entra así en una fase nueva y cualitativamente más peligrosa. El neoliberalismo sustraía la economía al juicio de la ciudadanía. Lo que viene pretende sustraer al ciudadano mismo.

miércoles, 22 de abril de 2026

OTRA ANDALUCÍA

 Un texto del escritor Coradino Vega publicado en EL PAÍS el pasado 21 de Abril.

El orgullo por lo autóctono no siempre ha sabido distinguir entre cultura popular y folclore populista. A uno le gustaría que su tierra recordase su mejor tradición: su humildad trabajadora, sus Cortes de Cádiz y Antonio Machado.



Es una buena noticia que la candidata socialista a las elecciones autonómicas de Andalucía centre su discurso en la defensa de los servicios públicos en lugar de aquel primer anuncio de una “ley de lenguas andaluzas”. Para quienes nacimos y vivimos en esa tierra, es difícil concluir que el dialecto andaluz esté amenazado por algún motivo y necesite más protección que la que le dan persistentemente las instituciones regionales, provinciales y municipales, respaldadas por la infatigable colaboración de Canal Sur. Desde que se restableció la democracia, han sido numerosas las personalidades que, con Felipe González a la cabeza, han dignificado su acento hasta darle curso de normalidad; y lo han hecho sin afectación, combatiendo los tópicos y los complejos con naturalidad, sin ese marchamo forzoso tan notorio en la televisión y la radio autonómicas. Lejos queda aquella identificación caricaturesca de los rasgos del andaluz con la incultura y la exclusión, como podía observarse en las viejas traducciones de las novelas de Carson McCullers o los cuentos de Flannery O’Connor, en las que los negros del sur de Estados Unidos hablaban como si fueran de la costa onubense o la campiña sevillana.

En Andalucía, no hay apenas rastro de partidos nacionalistas porque todas las fuerzas políticas, sean de la ideología que sean, han adoptado el andalucismo de un modo u otro. Sin embargo, ese orgullo por lo autóctono no siempre ha sabido distinguir entre cultura popular y folclore populista. Porque si la primera es valiosa, el otro obedece al oportunismo. En una región en la que la separación entre Iglesia y Estado queda más que diluida, como corrobora que siga siendo la segunda comunidad con más alumnos que cursan la asignatura de Religión en un contexto nacional de declive, no hay Semana Santa, romería beoda o fiesta religioso-popular en la que no aparezcan alcaldes o cargos con la medalla de una virgen colgada del cuello, presidiendo una procesión vara en mano, u oficiando ceremonias codo con codo con representantes eclesiásticos y, muchas veces también, policiales y militares. Esa imagen tan extendida es en particular chocante cuando tales políticos pertenecen a partidos de izquierdas que supuestamente defienden o deberían defender un enfoque laico de la actividad pública.

Y ese es quizás el tópico que la candidata socialista podría combatir, en vez de focalizar el debate en el habla andaluza, haciendo autocrítica por lo mucho que ha contribuido y sigue contribuyendo su partido, ya sea desde la Junta, las diputaciones o los ayuntamientos, a cimentar el estereotipo de una España, más aquí que en cualquier otro sitio, tan devota aún de Frascuelo y de María. Así las cosas, mientras el presidente Moreno Bonilla asistía, inmediatamente después de participar de forma activa en la Semana Santa malagueña, a la inauguración de la temporada taurina en la plaza de la Maestranza de Sevilla (en la que, por cierto, se vitoreó al rey emérito), pocos metros más arriba, en el mismo paseo de Colón sevillano, la orquesta sinfónica de la ciudad continuaba luchando por conservar su programa ante una financiación y un público insuficientes sin que casi nadie le haga mucho caso.

Pero hay un segundo motivo por el que acierta María Jesús Montero en su defensa de lo público más sustancioso y pasa por que, detrás de la suave amabilidad y las formas cercanas que explota Juanma Moreno, como él mismo prefiere que lo llamen, y las cuales son de agradecer, dadas las circunstancias, late una gestión que responde rigurosamente a un criterio de eficiencia privada. El escándalo de los cribados de cáncer de mama alcanza tanta magnitud no solo por el daño irreparable producido a las perjudicadas, sino porque desvela a la perfección los efectos de entender la sanidad pública desde parámetros empresariales: las consecuencias de los recortes y su “externalización” cada vez menos encubierta. Revertir ese proceso que parece imparable es urgente, pero para denunciarlo con credibilidad también es preciso hacer autocrítica de los primeros pasos que dio el último Gobierno de Susana Díaz en esa línea y recordar cuál fue su precio.

Del mismo modo, la crítica que hace María Jesús Montero de la apuesta de Moreno Bonilla por la educación privada, como muestra la creación de una Dirección General para la Enseñanza Concertada, el cierre de líneas en colegios públicos ante el descenso de la natalidad o la proliferación de universidades y ciclos de Formación Profesional privados, es certera porque revela con claridad la actitud que siempre ha tenido el PP en esa materia: detrás de la cordialidad más o menos auténtica están las políticas que, por mucho que se intenten camuflar, parten de premisas ideológicas. Andalucía es una región a la que le gusta hacer gala de su tradición. Sin embargo, hay muchas tradiciones. Y a uno le gustaría que, con más frecuencia, su tierra se acordase de lo mejor de su pasado: de su humildad trabajadora, sus Cortes de Cádiz y Antonio Machado; y que aspirara a una ilustración moderna que apueste más por el silencio de los carriles bici que por el ruido de la charanga y la pandereta.

Coradino Vega es escritor. Su último libro es Entre mujeres (Galaxia Gutenberg).

Sevilla, ese chiringuito de feria

 




Porque en Sevilla no es que pasen cosas: es que pueden pasar… y no pasa nada.

Un texto de Amparo Graciani sobre la Feris, Sevilla y las lógicas de poder que las atraviesan.

Leer el texto completo aquí


domingo, 19 de abril de 2026

Franco vive 80 años después en Cádiz.

 


El mayor humedal de España se seca intencionadamente tan solo un mes después del récord de lluvias


                                    Vista del estado actual de una zona de La Janda, donde se encontraba el mayor humedal de España.

El País. 20/4/2026

Texto: Raúl Limón
Foto: Antonio Alba


La Janda, en Cádiz, pierde el agua acumulada por los sistemas de desecación que instauró Franco para ceder las tierras a latifundistas, hoy permitido por las Administraciones

La Janda (Cádiz), el mayor humedal de la Península Ibérica y el complejo lagunar más meridional de Europa, se ha secado tan solo un mes después del récord de precipitaciones registrado en la zona. Mientras España acumula una reserva hídrica media del 83,7% de su capacidad total y la cuenca de Guadalete-Barbate, a la que pertenece La Janda, hasta tres puntos más, las 6.125 hectáreas inundables y declaradas de dominio público en esta comarca gaditana vuelven al estado en las que las dejó la dictadura franquista cuando, con la excusa de combatir el paludismo (malaria), desecó una superficie similar a París o a 10 veces la ciudad de Cádiz para destinarla a cultivos. Lo perpetró en este enclave andaluz, Galicia (Lagoa de Antela) y Castilla y León (La Nava). En algunas zonas afectadas se han puesto en marcha incipientes procesos de restauración, pero en Andalucía, los desagües artificiales construidos durante el franquismo aún siguen abiertos y destrozando uno de los humedales más importantes de Europa para favorecer a grandes explotaciones agrícolas.

La Janda se ha secado porque así lo decidió el dictador Francisco Franco a mediados de los años cuarenta y nadie lo ha revertido en ocho décadas. Con el pretexto de prevenir las enfermedades transmitidas por los mosquitos, desarrolló un eficaz sistema para vaciar grandes lagunas que, en algunas zonas, según relata Antonio Aguilera, economista, naturalista y secretario general de la Fundación Savia, “cuentan con desagües por los que caben camiones”. El aprovechamiento de gran parte de la zona desecada se concedió a familias del régimen (cientos de hectáreas son explotadas por Las Lomas, entidad de la familia Mora-Figueroa Domecq) que están hoy entre las mayores perceptoras de ayudas agrícolas europeas. A pesar de que el Tribunal Supremo reconoció en 1967 que más de 6.000 hectáreas son del Estado, ninguna Administración ha ejecutado su recuperación.

El efecto en la comarca gaditana y en otros dos sistemas lagunares donde aplicó la misma política depredadora de agua (Nava y Antela) no fue solo la destrucción de humedales que la investigadora de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) Margarita Florencio califica de “oasis de vida que albergan una fauna y flora singulares, únicas y en gran parte amenazadas”. La desecación expulsó a entre el 50% y el 60% de la población y dejó a medio centenar de municipios sin recursos de prosperidad comunitaria. “Fue un error histórico, pero se puede revertir”, afirma Aguilera.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (Miteco), ha propuesto una mesa de diálogo para la recuperación de este y otros humedales, como exige y financia la Unión Europea. El secretario general de agua, Ramiro Angulo (Junta de Andalucía), se mostró dispuesto, según expuso en una reunión el pasado 16 de abril. Sin embargo, según detalla Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia, uno de los colectivos implicados en la recuperación de la Janda, estas declaraciones se contradicen con el documento previo a la ordenación de la cuenca Guadalete-Barbate hasta 2033, de responsabilidad autonómica, donde “no se considera” la regeneración de la laguna. En este sentido, la fundación Savia ha reclamado “que se incluya la recuperación de La Janda en los planes de cuenca” y los de ordenación del territorio a partir de su declaración judicial como de dominio público y del apoyo de decenas de entidades, todos los ayuntamientos de la zona y la Diputación de Cádiz.

Como las mesas de diálogo de las Administraciones rara vez culminan en resoluciones eficaces, una decena de entidades conservacionistas, con la colaboración del Ayuntamiento de Barbate, ha resuelto asumir la gestión de una parte de la zona comunitaria conocida como Hazas de la Suerte para “demostrar, con la propia experiencia y la implicación, que es factible, viable y beneficioso” recuperar la laguna, según ha trasladado Casero al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en un escrito del pasado febrero.

La iniciativa tiene su referente en la que promueve Fernando Jubete, de la Asociación de Naturalistas Palentinos, en La Nava (Palencia), también desecada por el franquismo. Jubete relata que el 60% de la población emigró con la pérdida de este recurso y que se propuso, en los años noventa, recuperar 500 hectáreas que quedaron en gran parte como pastizales municipales. “Empezamos por 60 hectáreas y el proyecto fue un éxito rápidamente”, explica. Al contrario que con La Janda en Andalucía, la Nava sí fue incluida en el anterior plan hidrológico de cuenca como una zona a restaurar y el Gobierno se implicó en todo el programa, incluyendo presupuesto. Aún quedan cosas por hacer, pero Jubete adelanta que “la recuperación ya ha generado riqueza y empleo”: “La biodiversidad y los humedales, y eso nadie lo pone en duda a estas alturas, suponen un auténtico cambio socioeconómico”.

También ha emprendido este camino la Laguna de La Antela (Ourense), víctima también del franquismo. Serafín González, es naturalista y presidente de la Sociedade Galega de Historia Natural, que, en colaboración con un ganadero local y una comunidad de montes vecinales, ha recuperado 30 hectáreas, menos de un 1% de la extensión que arrasó el dictador. “Esta iniciativa es para nosotros muy importante porque hemos demostrado que se puede colaborar con la población local para mantener y recuperar una zona beneficiando a todos, a la biodiversidad y a la ganadería sostenible”, afirma González.

De la zona también se marchó un 60% de los vecinos por los planes para favorecer un modelo de desarrollo de transformaciones agrícolas intensivas. “No sirvió en absoluto para estabilizar la población y mejorar sus condiciones”, lamenta.

El efecto pernicioso generalizado sobre los humedales de esta agricultura intensiva, unida a los factores climáticos, lo ha puesto de manifiesto un equipo de la Estación Biológica de Doñana y la Universidad Autónoma de Madrid, que ha documentado, en un estudio publicado en Journal of Environmental Management, la desaparición del 22% de las lagunas temporales de la España peninsular en las últimas dos décadas. “Los impactos derivados de la acción humana se podrían evitar si se toman medidas adecuadas”, concluye la investigación.

Florencio, la investigadora del CSIC coautora del estudio, señala los humedales como “hábitats prioritarios para la conservación por su gran biodiversidad y su extrema vulnerabilidad ante cambios en su entorno”. “España alberga una de las mayores representaciones de este tipo de hábitat en Europa, por lo que tenemos un papel importante en su conservación”, explica.

Durante el estudio de 1.303 lagunas temporales durante dos años, a partir de imágenes de Google Earth Pro de alta resolución espacial, se observó que un alto porcentaje de ellas, en concreto cerca del 22%, había desaparecido, según informa el CSIC.

“La mayoría de estos impactos son de origen agrícola, como el arado de bordes y cubetas, las canalizaciones y los ahondamientos artificiales”, afirma Christian Arnanz, investigador de la UAM y la EBD y coautor del artículo. “A estos se suman otras amenazas como la colonización de las cubetas por vegetación terrestre, la urbanización, la presencia de ganado con evidencias de estabulación y el rodaje de vehículos”. Además, estos impactos suelen estar asociados a otros impactos no detectables con la metodología utilizada —como la sobreexplotación de acuíferos y la exposición a agroquímicos— lo que sugiere un alcance de degradación aún mayor

El estudio también ha constatado una reducción de la frecuencia de inundación de estas lagunas, especialmente en los meses de otoño. Este fenómeno se asocia tanto a factores climáticos, como temperaturas máximas y precipitaciones acumuladas, como a las principales prácticas agrícolas intensivas identificadas, especialmente el arado de las cubetas y la presencia de canalizaciones.

Pero el grupo de investigadores, al igual que los impulsores de la regeneración de espacios desecados por el franquismo, considera que la situación es reversible. “Los impactos que hemos observado derivados de la acción humana se podrían evitar si se toman medidas adecuadas”, afirma Arnanz. Se refiere a aumentar las zonas protegidas, monitorizar el territorio, implicar a la sociedad e implementar incentivos económicos para asegurar prácticas agrícolas que beneficien al humedal.

Los autores del trabajo coinciden con los implicados en La Janda, La Nava y Antela en que es prioritaria la restauración de las lagunas desaparecidas y la recuperación del funcionamiento hidrológico de las zonas alteradas.

“Las lagunas temporales son un patrimonio natural incalculable. Además de su valor ecológico, aportan importantes beneficios a la sociedad, como la regulación del clima a escala local, el almacenamiento de carbono, el control de nutrientes y la conservación de la biodiversidad. También constituyen espacios de gran valor paisajístico y cultural. Es importante despertar la concienciación social para la conservación de estos ecosistemas únicos que conforman nuestro patrimonio natural, para que así todas las generaciones los podamos disfrutar”, concluye Florencio.

 


martes, 14 de abril de 2026

El turismo y los modelos de crecimiento urbano en Andalucía. Una entrevista con Jaime Jover Báez

 


Aunque en el mundo anglosajón los estudios urbanos han estado más presentes en el campo de la investigación, en España la ciudad ha empezado a estudiarse más a fondo en los últimos años. Jaime Jover, que estudió Geografía y durmió bajo las Setas en el 15-M mientras escribía su trabajo de fin de carrera, decidió investigar sobre urbanismo por ser la ciudad una de las invenciones humanas más complejas, aunque suela darse por sentada al no catalogarse normalmente como invención en sí, sino como un cohabitar, la unión arbitraria de varios factores.

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Los centros históricos viven en una aparente contradicción: como espacio histórico, condensan la identidad urbana y tienen una fuerte componente simbólica, por lo que deben preservarse; como parte de la ciudad, están en constante cambio, reflejando la evolución de las personas y los colectivos que los habitan y dan sentido.  Este libro trata de desentrañar las relaciones entre dinámicas urbanas y patrimoniales partiendo de debates internacionales e investigaciones académicas en ambas disciplinas. A través de distintas teorías, fundamentalmente geográficas, se explica el encaje del binomio urbano-patrimonial, lo que se traslada a la ciudad de Sevilla en el cambio de milenio: entre el decenio de los ochenta y la primera década del siglo XXI.



domingo, 12 de abril de 2026

La otra memoria histórica







Los reformatorios de Franco para “descarriadas”.

Marta Borraz
Eldiario.es 
12/4/2026


Mientras España estrenaba Constitución, prometía derechos y libertades dejando atrás una larga dictadura de cuatro décadas y respiraba una atmósfera efervescente y liberadora, Loli Gómez Benito pisaba por primera vez los fríos suelos del centro conocido como Peñagrande, en el que viviría hasta 1983 junto a otras jóvenes madres o embarazadas. Tenía 15 años y allí daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones continuadas de su propio padre. Fue él quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, la institución que desde 1941 encerró en centros regentados por religiosas a las chicas consideradas 'inmorales' y que no detendría su actividad ni con la muerte de Franco. 

Diez años más tuvieron que pasar desde el 20 de noviembre de 1975 para que estos reformatorios, de los que hasta hace poco apenas se hablaba, cerraran definitivamente. “Fue entrar en un infierno, en un mundo diferente. Para mí fue como si me hubieran metido en una película. No entendía por qué estaba allí”, cuenta Loli, que recuerda las “largas jornadas de trabajo” en los talleres a las que estaban obligadas, incluso estando embarazadas o habiendo dado a luz pocos días antes. “Yo no tenía ideas políticas en ese momento, pero el contraste con lo que había fuera era grandísimo”, añade. 

Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios vinculados al Patronato y que se ha dedicado a investigarlo y a unir a las víctimas, estaba dentro de uno de los centros en Madrid gestionado por las Adoratrices cuando murió el dictador. “Nada cambió para nosotras”, dice recordando que aquel día las internas no trabajaron y se dedicaron “al luto y la oración”. Salió un año después, con 17, y prometió a sus compañeras que algún día contaría lo que habían vivido: “Yo estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes. De hecho, hasta hice la maleta”, cuenta. 

Pero no fue así y la larga trayectoria del Patronato de Protección a la Mujer se alargó hasta 1985, cuando ya gobernaba el socialista Felipe González. El organismo dependía del Ministerio de Justicia y durante el franquismo tenía la misión de fomentar la “dignificación moral de la mujer” en virtud de las normas del régimen, atravesadas por la religión católica. En la práctica, esto suponía que jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos férreos mandatos –las llamadas “caídas o en riesgo de caer”–, podían acabar en uno de sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, sus vecinos o sus propias familias. 

Disolución “por la puerta de atrás” 

Su fin definitivo llegó con el Real Decreto del 1 de agosto que hacía efectiva la supresión presupuestaria de varios organismos decidida un año antes. Un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas acabó precipitando” la caída de la institución, según explica la historiadora y autora de Redimir y adoctrinar. El Patronato de Protección a la Mujer (Crítica) Carmen Guillén, que describe un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin que su desaparición “suscitara un debate político ni revisión pública” como si ocurriría con otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante más de 40 años perduró en su cierre. 

Las presiones a las que se refiere la historiadora, autora de la primera tesis sobre el Patronato, tuvo uno de sus momentos más visibles en septiembre de 1983, cuando la joven Inmaculada Valderrama murió en el reformatorio de San Fernando (Madrid), gestionado por las Cruzadas Evangélicas. Según publicaron los medios, la joven murió al caer de un tercer piso tras intentar fugarse del centro con una “liana de sábanas” atada a la ventana. No era la primera vez que intentaba irse y lo había conseguido hacía poco, pero unos días antes de su fallecimiento fue devuelta tras ser detenida por “presuntamente ejercer la prostitución”. 

Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande en la que estaba Loli cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Había pequeños pasos que ya estaban dándose hacia el fin del Patronato, del que los medios de comunicación locales y El País a nivel nacional habían comenzado a hablar. Ejemplo paradigmático fue un artículo publicado en la revista Vindicación Feminista en 1977 en el que la abogada Magda Oranich relata el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona, al que logró entrar. 

Se entrevistó con una de las religiosas “madres” que lo dirigían, que llegó a decirle: “Yo conozco mejor que cualquier psiquiatra a estas niñas. Yo las interrogo, las aconsejo y las medico. Solo en muy contados casos es preciso darles electroshock”. Según explica Guillén en su libro, el artículo era “tan contundente” que las autoridades “intentaron impedir su difusión” mediante una “orden de secuestro” que no prosperó. A través del propio boletín del Patronato, dirigido solo a sus miembros, el organismo intentó defenderse y acusó al texto de “saña, mal estilo y aviesa intención”, según consta en el número 103 del boletín que la historiadora cita en su investigación. 

Otro testimonio, esta vez desde dentro del propio organismo, apunta en la misma dirección que las denuncias acumuladas en esos años. Se trata de la carta que una visitadora social contratada por la propia institución escribe a la Junta Provincial de Barcelona en 1978 y que es parte del archivo personal que Consuelo García del Cid ha reunido tras años de investigación. En ella, la trabajadora asegura haber tenido “esperanzas” de que la democratización del país llegara también al Patronato, pero “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”, reconoció. 123 centros estaban activos ese año, formando una especie de “burbuja franquista” en medio de la Transición y los primeros años de la democracia, como lo define Guillén. 

“No se sabía lo que nos hacían” 

Aunque el régimen revivió la institución en 1941, esta ya existía antes: era heredera del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas creado en 1902 y vinculado a la lucha contra la explotación sexual. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo, pero se disolvió a los pocos años. De fondo y en sus fines sobre el papel, siempre se mantuvo el supuesto objetivo de la abolición de la prostitución y este elemento estuvo también presente en la dictadura, que hablaba de la “regeneración moral de las mujeres prostituidas”, pero en la práctica sirvió de aparato de control social generalizado hacia la población femenina. 

El hecho de que fuera un organismo tan longevo, que su represión se dirigiera específicamente a mujeres y que sus centros fueran dirigidos por congregaciones religiosas que existían antes de la dictadura –y muchas aún hoy– son algunos de los factores que Guillén conecta con su tardía desaparición. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco. No se percibió como un exceso del franquismo y en parte eso tuvo que ver con lo perfectamente instaladas que estaban las congregaciones en la sociedad y con que se daba por hecho que lo que hacían era positivo”. 

 “Yo creo que no importábamos ni molestábamos. Nadie sabía lo que nos hacían ahí dentro”, explica Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. La mujer, que hoy tiene 58 años, entró con sus dos hermanas y lo primero que hicieron las monjas fue separarlas. Aún recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas” para intentar que no se hiciera pis en la cama. “El día lo dedicábamos a rezar y a limpiar y a la hora de la merienda salíamos un poco al patio. Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello. Lo he entendido muchos años después”, reconoce. 

Políticamente, hubo algún movimiento encaminado a su disolución tras 1975. El Gobierno de Adolfo Suárez nombró en enero de 1978 a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato con el objetivo de “marcar un cambio de rumbo y, de hecho, llegó a presentar un anteproyecto de ley para modernizar la institución, pero no llegó a ver la luz definitiva. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo registró en el Congreso varias preguntas al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que ”no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad“, decía. En 1982, el mismo año que el PSOE llegó a la Moncloa, el grupo socialista volvió a pedir explicaciones. 

Tuvieron que pasar algunos años más para que cerrara, después de haber transferido las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y se decidiera eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia para tal fin. Algunos de los centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas que entonces. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, explica Guillén. 

Las órdenes religiosas organizaron un acto hace menos de un año en Madrid para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron por cómo se había llevado el proceso. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.