Antonio Ramírez de Arellano
Antonio Valverde Asencio
Según el diario El País, las primeras semanas de la nueva Guerra del Golfo –tercera desde 1990, ahora contra Irán– estaba suponiendo a EE. UU. un coste diario de cerca de 2.000 millones de dólares. El presidente Trump, que se enfrenta a un cierre parcial de la administración por falta de presupuestos, ha solicitado al Congreso que apruebe un crédito de 200.000 millones de dólares para afrontar los gastos extraordinarios del conflicto. Lo que empezó como una supuesta “operación especial” para derrocar al régimen teocrático de los ayatollahs (el equivalente en nuestro país sería un gobierno controlado por la Conferencia Episcopal), va escalando, en términos casi de manual de geopolítica, a una guerra regional en toda regla, que han comenzado los gobiernos de Trump y Netanyahu obviando el derecho internacional y quebrando los requerimientos de sus propias normas internas.
Las consecuencias económicas a nivel global se notan con claridad e inmediatez en el bolsillo de los ciudadanos, y los gobiernos se apresuran a tomar medidas de intervención que, en lo posible y aún en un contexto de incertidumbre, atemperen unas repercusiones que podrían ir exponencialmente a peor en tanto la guerra continue su escalada y perdure (como es previsible) en el tiempo. El propio poder económico que apoya al presidente Trump parece estar alertando sobre los riesgos de una situación que ya – ahora sí – parece perjudicar a sus intereses, aunque, según lo publicado en la prensa norteamericana, no falta quien saca provecho inmediato de la especulación que sigue de los efectos a corto de las declaraciones sobre el conflicto. Un aparente “caos”, que parece dirigido a golpe de anuncios aleatorios en redes sociales, pero que misteriosamente no lo es para determinados avisados.
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