Pablo Fdez. Quintanilla
La polémica por los vertidos mineros al río Guadalquivir vuelve a intensificarse. El estudio científico elaborado por investigadores de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada concluye que las autorizaciones concedidas para verter residuos procedentes de las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar carecen de “una base científica y técnica sólida”. Pero no se va a quedar en el ámbito universitario. Poruqe los expertos advierten de que esta situación podría provocar “graves impactos ambientales, socioeconómicos y de salud pública” en el estuario del río. Y van a ir a Fiscalía, como adelantó lavozdelsur.es este lunes. La denuncia, impulsada inicialmente por el Ayuntamiento de Chipiona y por la asociación Facua, busca que el Ministerio Público estudie posibles delitos contra el medio ambiente y adopte medidas cautelares. Otros agentes sociales, económicos y políticos vinculados al estuario no descartan sumarse a la iniciativa.
El trabajo científico ha sido elaborado por nueve investigadores procedentes de distintas disciplinas —hidrodinámica, zoología, ecología, oceanografía y ciencias del mar— y se ha desarrollado, según sus autores, “de manera totalmente independiente, sin estar contratados ni por las empresas ni por nadie”, tal y como explicó el catedrático de Ecología Jesús Castillo. Uno de los principales problemas detectados es que las autorizaciones administrativas no habrían tenido en cuenta los efectos acumulativos de dos vertidos simultáneos: los procedentes de Cobre Las Cruces y los de Aznalcóllar.
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